Que el régimen de Ortega persiga opositores, medios de comunicación y cualquier liderazgo político que amenace su estabilidad no es algo nuevo. Sin embargo, que adelante una ofensiva en contra de la iglesia católica en Nicaragua es una realidad distinta que cruza cualquier límite y crea un patrón que, ojalá, no se repita en la región.
En especial, porque la libertad de cultos es uno de los activos más valiosos que han logrado defender las sociedades occidentales. El Estado no tiene por qué interferir con las convicciones espirituales de cada persona y, de hecho, lejos de imponer o censurar credos, debe crear las condiciones para que todas las expresiones religiosas puedan desarrollarse sin interferencias.
Al fin y al cabo, no se puede hablar de democracia ni libertad cuando un ciudadano no puede contactarse con su noción de espiritualidad. Por eso, desde el surgimiento de las primeras constituciones modernas la libertad de cultos ha jugado un papel predominante.
Y claro, en nuestra tradición latina hemos pasado de contextos confesionales a laicos, pero más allá de que la separación entre iglesia y Estado es una medida deseable para evitar particularidades del pasado, ello no quiere decir que la institucionalidad se pueda utilizar para perseguir líderes religiosos.
Y eso, desafortunadamente, es lo que está ocurriendo en Nicaragua. El Gobierno de Ortega propicia la incineración de iglesias, persigue al catolicismo y expulsa del País a varios líderes de ese culto. Una medida totalmente arbitraria que debe ser rechazada en pleno por toda la región.
En especial, porque, de prosperar esta ofensiva, fácilmente las demás administraciones de corte de izquierda podrían replicar esa conducta en sus respectivos territorios. Algo que bajo ninguna circunstancia se puede tolerar. La tradición católica hace parte de la esencia misma de la región y aunque su defensa no implica imponer sus valores a quienes no comparten el credo, tampoco es admisible su persecución por parte de autoridades públicas.
En últimas, las preocupaciones reales de los Estados deben girar en torno a cómo reducir la pobreza, mejorar los índices de seguridad, modernizar la infraestructura de los países, fortalecer las relaciones comerciales con socios estratégicos, disminuir los indicadores de analfabetismo y tener mayor crecimiento económico. No en cómo expulsar y censurar a líderes religiosos que adelantan una labor social sumamente valiosa para las comunidades.
Ojalá, por el bien de la región, que tanto el Vaticano como la totalidad de los Países e instituciones democráticas de la zona actúen para sancionar estos hechos y defender las convicciones religiosas de una población que se encuentra amordazada por una tiranía absurda que ya no tiene ningún sentido de auto control.
Publicado: agosto 20 de 2022
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