A los constituyentes del 91 les rodea cierta aureola de infalibilidad. La Carta que redactaron “es cuasi perfecta”, se dice. Y de lo malo que pasa en el ámbito institucional se culpa a la malicia de algún operador político o judicial, nunca a la posible imperfección de sus artículos.
Traigo el tema a colación porque cuando me senté a componer nuevamente un artículo de prensa (este), que pretendo sea hebdomadario, sentí como que estaba cometiendo una transgresión. Claro, es por efecto de que hasta el pasado 20 de julio, por mi condición de senador, ¡créanme!, si hubiese publicado profesionalmente una cuartilla -¡600 palabras, máximo, o 3.500 caracteres!, dicen remachonamente los editores-; si hubiese hecho eso, digo, habría incurrido en una falta tan grave que habría perdido inexorablemente la investidura y habría vestido, sin morirme, la mortaja política.
Al artículo 180 de la Constitución le pareció mucha gracia convertir a los congresistas en empleados públicos (“servidores” se debe decir ahora). Quedaron amarrados a la humilde condición de burócratas sin serlo; impedidos para servir en el ejecutivo o en la empresa privada, atender ocupaciones liberales como médicos, abogados, economistas o ingenieros, escribir profesionalmente o hasta transmitir un partido de futbol, audacia que costó la investidura a don Edgar Perea. Por lo menos no incluyeron la prohibición de la cátedra universitaria, porque esa sí hubiese sido la tapa del congolo.
La ingeniosa iniciativa del senador JOTA PE para rebajar los ingresos de los congresistas es eficaz, hay que reconocerlo, pero deja viva la errónea estructura constitucional del 180. El senador descubrió una pirueta leguleya y politiquera, el artículo 8º de la ley 4 de 1992 (gobierno Gaviria), y propuso neutralizarla con un simple parágrafo. ¡Eureka!, ¡sí se podía! Ese articulito, o ’paragrafito’, borrará 11 millones mensuales en las pulentas colillas de consignación del congreso. Pero ya verá el acucioso senador JOTA PE que las cosas, en lugar de mejorar, empeorarán. Lo descubrirá y resentirá en carne propia, porque sus ingresos “monstruosamente opulentos” como senador, comparados con sus recientes ingresos de comunicador e ‘influencer’ exitoso, le resultarán ridículamente bajos. Y pensará, de pronto, y con todo derecho, que es la hora de abandonar la curul antes de que naufrague el peculio. Es natural, es lo que enseñan el sentido común y la experiencia.
¿Propuestas? No sé. No es fácil. Cuando se discutía el tema, yo, en mi curul, hacía cuentas de que con mis honorarios como consultor, columnista, profesor de cátedra o conferencista, presentador de un programa de TV y una que otra inversión, que es lo que tenía antes de ser senador, solo habría aspirado al reconocimiento de pasajes, viáticos y algún honorario por las sesiones (no sobra anotar que la tarea parlamentaria no se hace en solitario y que el Estado surte con recursos abundantes el mantenimiento de las UTL, unas estructuras de apoyo bastante robustas).
Algunos parlamentos tienen un sistema mixto de remuneración. Las Mesa de la Plenaria y de las comisiones reciben una bonificación. Igual los voceros de los partidos. En algunos hay congresistas con destinación exclusiva, por voluntad propia, y parlamentarios que devengan solo por cada cesión a la que asisten. ¡Que así volveríamos a un congreso dominado por oligarcas; que excluiríamos a los dirigentes populares del congreso!, dirán algunos. No. Lo que tendríamos es una representación con más mística, vocación política, buena preparación para la función legislativa, el control político y un odio visceral por la corrupción, las prebendas y los “barriles de los cerdos” o cupos indicativos. Todo ello, además, tendría que estar regido por un rígido código de conducta y de lealtad con la transparencia, la imparcialidad y el respeto por lo público.
Publicado: agosto 18 de 2022
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