Por cuenta de la ratificación en el Senado del llamado ‘Acuerdo de Escazú’, Colombia está a punto de perder la soberanía sobre, por lo menos, el 41.8% de su territorio que es lo que corresponde a la región Amazónica.
Presentado como un gran avance redactado en un lenguaje romántico y colmado de ilusión pero en realidad saturado de veneno, el ‘Acuerdo de Escazú’ es un tratado latinoamericano cuyo aparente propósito es el de proteger el medio ambiente, a través de la instauración de mecanismos que permitan el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones que tengan impacto medioambiental y la garantía a la justicia ambiental.
El acuerdo, como un todo, es una proclama progresista cargada de ideología que cercena de manera grave la soberanía de los Estados, pues establece obligaciones absurdas como la posibilidad de que cualquier persona o grupo de personas exijan información a las autoridades competentes sin la obligación de explicar la razón por la que se eleva tal solicitud. Con esa información en la mano, se podrá impugnar el desarrollo de una actividad agrícola, mineroenergética o de infraestructura sin mayores tropiezos.
Y lo que es más grave: la redacción del acuerdo, que no permite que ningún Estado formule reservas -en diplomacia las reservas significan que los suscriptores puedan rechazar algunos aspectos de lo tratados-, genera una tremenda inseguridad jurídica que amputa la soberanía de las naciones, pues las controversias que surjan y que no puedan solucionarse serán llevadas a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (¡!).
En la práctica, una vez el acuerdo termine su proceso de ratificación en el Congreso -falta la aprobación en la Cámara de Representantes-, cualquier proyecto productivo o de infraestructura que esté en marcha podrá ser suspendido y sometido a una “reexaminación”, causando un daño demoledor sobre la productividad nacional. Así como hay ONG que se han hecho fabulosamente ricas impulsando procesos de Derechos Humanos en instancias internacionales, habrá organizaciones de extrema izquierda que llenarán sus alforjas promoviendo medidas contra la economía nacional invocando el derecho al ambiente sano.
Desde la importación de insumos agrícolas hasta la construcción de una carretera, pasando por el cultivo de cualquier producto, la explotación minera o la extracción de petróleo y gas, quedan en suspenso y a merced de los ambientalistas radicales.
La región amazónica colombiana, que comprende más del 40% del territorio nacional, es la que mayor riesgo tiene. La soberanía sobre casi la mitad del país quedará en manos de la justicia internacional que, a fin de cuentas, será la que terminará resolviendo las demandas que plantearán sistemáticamente las organizaciones fundamentalistas del medio ambiente.
Que Colombia se prepare para soportar una cascada de solicitudes para la suspensión inmediata de obras o de actividades que, en criterio de quien eleve la queja, traiga consigo afectaciones ambientales. Parálisis total, sobre todo en el sector minero.
Una vez Colombia culmine el proceso de ratificación de ese acuerdo, será muy difícil su retiro. En el artículo 24 del mismo, se fijan los parámetros para la denuncia -el retiro del tratado-. Serán mínimo 3 años a partir del momento en que aquel entre en vigor.
Publicado: julio 28 de 2022
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