Eso de la división de poderes en Colombia es letra muerta. La justicia colombiana se ha convertido en un partido político que se vale de su capacidad punitiva para inclinar la balanza a favor del sector político con el que la mayoría de magistrados se identifica: la izquierda.
Resulta altamente sospechoso que, por ejemplo, la sala de instrucción de la corte suprema de justicia haya suspendido las decisiones en contra de integrantes de la campaña de Gustavo Petro, esperando el resultado de las elecciones del 19 de junio.
El caso de Armando Benedetti, que lleva un año en espera a que se resuelva su situación jurídica decretando o no medida de aseguramiento en su contra, es realmente inaceptable. ¿Qué están esperando los magistrados de la sala de instrucción? La respuesta es evidente: saber si Petro gana o no las elecciones. De acuerdo con el veredicto, tomarán una decisión.
Lo mismo sucede con Roy Barreras, quien es investigado por el magistrado Francisco Farfán Molina por el desfalco de la ESAP. Y ni hablar del caso de la traficante de secuestrados, alias ‘Teodora Bolívar’.
La justicia tiene el deber de adoptar decisiones en el momento que corresponda, sin tener consideración de ninguna naturaleza, ni sujetarse a los calendarios electorales. Si los lugartenientes de Petro no han cometido delitos, que les archiven ya mismo las investigaciones, pero si violaron la ley no tienen porqué permanecer en libertad. Así de simple.
El proceder la JEP es aun más roñoso. El tribunal, hecho a la medida de las exigencias de las Farc, de manera sistemática se encarga de recordarle a la sociedad que su compromiso es con los victimarios y no con las víctimas.
Las audiencias contra los principales cabecillas de la guerrilla terrorista por las atrocidades que cometieron contra miles de ciudadanos secuestrados, estaban previstas para los días 2, 7 y 8 de junio.
Como por arte de birlibirloque, la JEP cambió las fechas de las diligencias, reprogramándolas, ¡oh sorpresa!, para la semana siguiente a las elecciones de segunda vuelta.
No le conviene a Petro que en estos momentos se ventilen los actos de ferocidad y barbarie cometidos por sus socios políticos de las Farc. Entonces, la JEP entendió la situación y, escupiendo la cara de las víctimas, ordenó posponer el engorroso trámite.
El argumento esgrimido por los prevaricadores con toga que laboran en la inmunda sede de la JEP es risible. Supuestamente los terroristas de las Farc están amenazados de muerte. Falta que aclaren entonces porqué dichas amenazas desaparecerán justamente después de las elecciones.
La justicia de Colombia es nauseabunda. Produce pavor y desafortunadamente no se avizoran vientos de cambio. Los togados seguirán haciendo de las suyas con total impunidad, utilizando los códigos como manuales políticos, impartiendo “justicia” con criterios distintos al derecho, olvidando la definición que de la misma brindó el jurista fenicio Ulpiano: la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual.
Publicado: junio 8 de 2022
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