Celebro la decisión de la señora Procuradora General de la Nación de suspender a los alcaldes que están participando en la campaña presidencial. Son sabias las normas nacionales que prohíben que los servidores públicos hagan política, pues así se evitan los abusos y la corrupción.
Daniel Quintero Calle venía abusando de su cargo para favorecer a Gustavo Petro. Lo hacía con absoluto descaro. Su esposa se pavonea por toda la ciudad impulsando a Petro; los principales colaboradores del alcalde abandonaron la administración para irse a la campaña del neocomunista. Y el alcalde estaba haciendo lo suyo. Aparentemente, la gota que rebosó la copa fue el video de ‘Pinturita’ en el carro, anunciando que el “cambio en primera”, un mensaje con el que evidentemente estaba invitando a los suyos a lograr que Petro, cuyo slogan es ‘cambio’, gane en la primera vuelta prevista para el próximo 29 de mayo.
La bajeza con la que Quintero y su equipo de gobierno han enfrentado la suspensión produce vergüenza ajena. Esas imágenes del gabinete con camisetas estampadas en una reunión con el alcalde encargado, lanzando arengas y maltratando verbalmente a la persona que temporalmente llevará las riendas de la capital antioqueña, son la muestra del bajo nivel del grupo político que en mala hora embaucó a la mayoría de medellinenses en las elecciones de 2019.
De todo lo que hasta ahora hemos visto como producto de la suspensión -estoy convencida de que tendremos que soportar muchas más vulgaridades y afrentas-, hay un episodio que me parece singularmente delicado: el robo de los computadores de la secretaría de hacienda del municipio.
24 horas después de que el doctor Juan Camilo Restrepo asumiera como alcalde encargado, sucedió el supuesto robo. De las instalaciones de la secretaría de hacienda fueron sustraídos 15 equipos portátiles sin que hasta ahora haya claridad absoluta respecto de la información que reposaba en los dispositivos desaparecidos. Intuyo que debe existir copia digital de los archivos, pero hasta que no se nos aclare lo realmente sucedido considero que debemos exigir que se nos narre con detalles lo ocurrido, explicar si hay mecanismos de salvaguarda de la información y responder porqué hay unos protocolos de seguridad tan precarios en el gobierno municipal.
Este episodio me obliga a recordar lo sucedido hace algunos años en Bucaramanga, cuando el alcalde de esa ciudad era Iván Moreno Díaz -hoy condenado por el robo a Bogotá y a la espera de recibir el perdón social de Petro- y misteriosamente la oficina donde estaban los archivos de los contratos públicos más importantes fue consumida por las llamas. Algo querían desaparecer y lo lograron. Ojalá que el robo de los computadores de la secretaria de Hacienda no responda a algo semejante a lo que sucedió en la capital de Santander.
Publicado: mayo 16 de 2022
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