A Uribe jamás le perdonarán haber combatido la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares como ningún otro Presidente. Hoy paga las consecuencias de ello. Una infamia judicial pretende mancillar su reputación y mantenerlo atado a un sinfín de audiencias que coincidencialmente se reactivan en época electoral y donde las garantías procesales brillan por su ausencia.
Difícilmente habrá en la historia otro Gobierno que iguale las cifras de la administración Uribe en términos de seguridad. Los secuestros, que para comienzos de siglo rondaban los 3.000 casos anuales, se redujeron en un 92%, los atentados terroristas disminuyeron un 96%, los homicidios cayeron un 46%, se capturaron 36.363 bandidos y se abatieron 13.992 terroristas.
De 2001 a 2012 las hectáreas de coca pasaron de 145.000 a 48.000 y la producción de esta droga bajó de 700 a 175 toneladas. La Fuerza Pública recuperó el control territorial de más de 300 municipios donde ni siquiera los respectivos Alcaldes podían hacer presencia y se propiciaron los golpes militares más contundentes contra las Farc con operaciones como Jaque, Fénix, Camaleón, etc.
A diferencia del proceso de La Habana, donde se claudicó la institucionalidad para intentar desmovilizar a poco más de 7.000 personas, el Gobierno Uribe logró que 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros dejaran las armas y se reincorporaran a la vida civil. Eso sí, sin darles elegibilidad política a los máximos responsables, estableciendo penas de prisión en el marco de un proceso de justicia transicional, manteniendo abierta la puerta para la extradición de aquellos cabecillas que continuaran delinquiendo desde las cárceles y sin negociar la agenda política del País.
De hecho, mientras que gracias a Santos Benkos Biohó, el responsable de la masacre de Bojayá, hoy es un Honorable Congresista al igual que Pablo Catatumbo, Julián Gallo -tornillo- y Marcos Calarcá, Salvatore Mancuso, Don Berna, HH, Jorge 40, entre otros líderes paramilitares, fueron extraditados por orden de Uribe.
Lógicamente, estos resultados causaron ampolla. Afectar las finanzas y la estructura de tanta organización criminal fue una decisión llena de patriotismo que le implicó asumir un costo personal demasiado alto. No solo en cuanto a su propia seguridad, sino frente la ofensiva judicial que se desató en su contra.
Más se demoró en salir de la Casa de Nariño que los abogados nostálgicos del terrorismo en montarle todo tipo de denuncias. Lo que nunca lograron en el terreno electoral lo desataron en la arena judicial y desde entonces la situación ha empeorado.
De la manera más infame posible se vio obligado a renunciar al Senado. La voz de sus más de 800.000 electores fue silenciada y la decisión de esta semana de no aceptar la preclusión de su proceso no logrará nada distinto a mantenerlo amarrado más años a una investigación que no tiene pies ni cabeza.
Irónicamente, ese es el precio que ha tenido que pagar por haber utilizado la Presidencia para devolverle la libertad a un País que era preso del miedo y el terrorismo. Un pecado llamado Colombia.
Publicado: mayo 4 de 2022
3.5
4.5
5