Los indígenas Embera se tomaron el Parque Nacional desde hace siete meses y no pasa nada. No hay autoridad ni mucho menos intención de recuperar el espacio público. Este sitio se convirtió prácticamente en un nuevo resguardo y las afectaciones a la seguridad de la zona son cada vez más notorias. Y la verdad, del Distrito poco y nada se espera. En Bogotá no hay orden y todo tipo de invasiones se convirtieron en algo normal bajo esta administración.
Si vemos el contexto en general, la situación de las comunidades indígenas en Colombia es bastante paradójica. Por un lado, cuentan con un amplio catálogo de prerrogativas que cualquier otro sector añoraría. Por ejemplo, en este cuatrienio el Gobierno Duque proyectó un presupuesto de $10 billones para ellos, son inmunes a la acción de la Fiscalía, los jueces ordinarios y los órganos de control gracias a la jurisdicción propia que les garantiza la Constitución, tienen bajo su control el 25% de la tierra del País y con la consulta previa terminan saboteando la ejecución de cualquier proyecto de inversión que no los tenga en cuenta.
Por otro lado, las tasas de pobreza, analfabetismo y necesidades básicas insatisfechas de estos grupos son preocupantemente altas. La base de las comunidades vive en un abandono total y sus condiciones de subsistencia son precarias. Claramente algo no cuadra.
Muchos dirán que esto culpa de un Estado que los ha tenido olvidados durante décadas. Y sí, para nadie es un secreto que ese es parte del problema. Sin embargo, creo que debemos ir más allá de una simple crítica que no lleva nada.
En efecto, hoy en día ese no puede ser el único discurso en torno a las comunidades. De hecho, con las amplías prerrogativas que tienen a su favor el verdadero cuestionamiento es cómo administran los líderes de estos grupos los millonarios recursos que reciben por parte del Estado y los empresarios a través de las consultas, además de la forma en que gestionan las miles de hectáreas de tierra que tienen bajo su poder.
Inclusive, hace pocos meses se aprobó una cuestionada ley que habilita a los cabildos a contratar directamente con el Estado la ejecución de proyectos que se relacionen con su identidad cultural, lo cual va a aumentar el flujo de recursos que entran a sus bolsillos.
Por eso, en vez de intentar legitimar los bloqueos a las carreteras, los ataques a la Fuerza Pública y los asentamientos en las ciudades, estas comunidades deberían empezar por increpar a sus propios líderes. De nada sirve que el Estado gire y gire recursos que, por cierto, tendrían que estar bajo la supervisión de la Contraloría, si nunca se van a traducir en una mejora en la calidad de vida de la población.
Publicado: abril 9 de 2022