Preocupa que ningún candidato se pronuncie frente a uno de los mayores problemas presupuestales del País: la bomba pensional. Una cruda realidad que amenaza con detonar en cualquier momento y que causaría una de las mayores crisis sociales en la historia del País.
En materia presupuestal la Nación afronta varios retos. De manera inmediata hay que continuar reduciendo el déficit fiscal que cerró el 2021 en 7.6% y el nivel de deuda que se ubicó en 62.1% del PIB. Estos dos aspectos, junto con la nueva reforma tributaria que inexorablemente deberá adelantar el siguiente Gobierno, serán determinantes para que el País recupere el grado de inversión por parte de las dos calificadoras de riesgo que lo quitaron el año pasado.
Sin embargo, de nada sirven estos esfuerzos si no se corrigen los problemas estructurales del sistema de Colpensiones, el cual, además de inequitativo, es completamente insostenible a futuro. Por un lado, de los dos millones de pensionados que tiene el País cerca de la mitad recibe una mesada de un salario mínimo, el 25% una jubilación que oscila entre uno y dos salarios y el restante 25% más de dos salarios.
Justamente a este último segmento, donde están incluidas las mega pensiones, se le asignan el 74% de los subsidios del Gobierno, lo cual implica que la Nación se está reventando presupuestalmente año tras año para garantizar jubilaciones millonarias mientras que 70 de cada 100 adultos mayores no logran acceder a la pensión. Algo sencillamente absurdo.
Por otro lado, el modelo de reparto intergeneracional de Colpensiones es relativamente viable siempre y cuando haya más jóvenes que viejos en la sociedad. No obstante, la pirámide poblacional en Colombia cada vez está más invertida, lo que implica que a futuro los ingresos no lograrán compensar los gastos y la Nación tendrá que terminar asumiendo el diferencial con unos recursos que ya no alcanzan.
Por ejemplo, durante este año se destinarán $50.4 billones para el pago de pensiones, lo cual equivale al 24.1% de los gastos de funcionamiento y al 14.3% de la totalidad del presupuesto. Por rubros, solamente hay dos componentes a los cuales se asignan más recursos: inversión y el pago de la deuda. Es decir, las pensiones son el tercer gasto más grande para la Nación, superando, inclusive, las transferencias del Sistema General de Participaciones.
Más alarmante aún es ver el ritmo con que han venido creciendo estas apropiaciones a lo largo de los años. Nada más por mencionar un caso, de 2019 a 2022 el gasto pensional para el Gobierno pasó de $38.5 a $50.4 billones. Un incremento de $11.9 billones en un escaso lapso de cuatro años que tuvo su mayor variación este año, donde de 2021 a 2022 las mesadas de Colpensiones aumentaron en $6.2 billones.
Este es un problema que se ha agravado silenciosamente, del cual todos son conscientes, pero nadie se atreve a hacer algo por no asumir el desgaste político que implica llevarlo a cabo. En unos años la plata difícilmente alcanzará a cubrir las obligaciones y millones de personas perderán cualquier esperanza de acceder a una jubilación digna.
De hecho, la última vez que se ajustó el sistema pensional fue en 2005, cuando el Gobierno Uribe eliminó los regímenes especiales y estableció un tope a las mesadas. Medidas sumamente necesarias que han permitido mantener vivo el sistema durante estos 17 años.Sin embargo, a pesar de la gravedad del asunto, el tema es por ahora inexistente en el debate presidencial. Mucho se habla del aborto, la corrupción o el Congreso, pero nadie se atreve a sentar posturas en un asunto que determinará el futuro de los colombianos durante varias generaciones.
Publicado: marzo 2 de 2022
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