No se trata de unos casos aislados en la votación para la conformación del Senado que se posesionará el próximo 20 de julio, sino de una operación en la que claramente hay manos criminales.
Los colombianos tienen derecho a que el cuestionado Alexander Vega haga las claridades sobre lo que ocurrió. Que explique de manera puntual el porqué de la brutal diferencia entre los votos que tuvo el ‘Pacto Histórico’ en el preconteo y los que le aparecieron en los escrutinios municipales y departamentales, saltando de 2.3 a 2.7 millones, un crecimiento del 17% que le significó al grupo de extrema izquierda 4 curules más en el Senado. La orden de hacer un reconteo de todos los votos de Senado no es suficiente para subsanar el daño causado.
Muchas voces cuestionan las empresas privadas que fueron contratadas por la Registraduría para digitalizar los resultados electorales de cara al escrutinio. Sea lo primero entrar a alinderar las responsabilidades y las tareas.
El primer contrato -que es gigantesco- se celebró con el consorcio DISPROEL, grupo liderado por la empresa Thomas Greg & Sons que pertenece a los hermanos Bautista. Como dato interesante, tanto los presidentes Santos como Pastrana hicieron parte -antes de ser mandatarios de Colombia- de la junta directiva de esa compañía.
El contrato de DISPROEL fue de $1.3 billones de pesos. Ese consorcio tiene, entre otras, la función de montar toda la logística de las elecciones en los 1103 municipios del país -más las sedes diplomáticas y consulares de Colombia-, lo que se traduce en el diseño, impresión y distribución de los tarjetones, fabricación de las urnas, cubículos de votación, certificados electorales, planillas (E-14, E-24 y E-26) y, lo más importante, proveer el software con el que se llevan a cabo los escrutinios municipales y departamentales.
Para comprender un poco mejor el proceso electoral es necesario distinguir entre el preconteo y el escrutinio. Los datos que el país conoce el día de las elecciones son de carácter provisional, que no oficial. Responden a la sumatoria de los preconteos que se hacen en las 112900 mesas que se instalan. Después de dicho preconteo empieza la etapa de los escrutinios y ahí surge un primer interrogante.
El escrutinio municipal se realiza a través del software proveído por el consorcio DISPROEL. Llama poderosamente la atención que dicho programa es de carácter privado y, en consecuencia, ninguna autoridad estatal -empezando por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral- puede acceder al mismo. Ahora bien, no existe claridad sobre el alcance y profundidad que puede adelantar la firma encargada de realizar la auditoría a la función escrutadora de DISPROEL, porque al gozar de la condición de privacidad del software el auditor no tiene manera de entrar a revisar si los datos procesados corresponden a la realidad de lo que ocurrió en las elecciones.
Así las cosas, además del registrador Vega, es necesario que los representantes de DISPROEL le pongan la cara al país y den las explicaciones que los ciudadanos demandan.
No son pocas las personas que han señalado a la otra empresa que participa en el proceso de escrutinios: la española INDRA.
Pero el cuestionamiento a esa firma desvía la atención, pues resulta que INDRA -cuyo contrato fue de algo más de $23 mil millones de pesos, cifra infinitamente menor de lo que se le ha pagado a DISPROEL- solamente interviene en el escrutinio nacional, etapa a la que aún no se ha llegado.
Como le expresó a este portal un profesor experto en derecho electoral: “De buena o de mala fe, voces autorizadas le están reclamando a una empresa cuyo software no ha empezado siquiera a ser utilizado, pues aún no se ha llegado a la fase de consolidación del escrutinio a nivel nacional. Exigirle cuentas a INDRA en este momento es inane, pues quienes tienen que dar luces sobre lo hasta ahora sucedido, además del doctor Vega, son los señores de DISPROEL”.
Lo cierto es que lo sucedido en las elecciones de Congreso y la votación de las consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo sienta un precedente nefando. Cubre con un manto de duda el proceso electoral al que se enfrenta Colombia, situación que, por supuesto, no se supera con una reunión de la denominada “mesa de garantías electorales”. Con pañitos de agua tibia no se cura la tremenda enfermedad que padece el sistema electoral colombiano, invadido por la corrupción. El presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado tiene la responsabilidad de tomar cartas serias en el asunto, sin minimizar la magnitud de la crisis.
Igualmente, es evidente que el Registrador Vega tiene que irse del cargo. Él, que ha sido abiertamente denunciado de corrupción, contra quien pesan todos los señalamientos posibles, no puede estar al frente de las dos vueltas presidenciales a las que se enfrentará Colombia el 29 de mayo y el 19 de junio próximos.
Publicado: marzo 21 de 2022
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