No deja de ser curiosa, por decir lo menos, la cantidad de periodistas que se han convertido en una suerte de abogados de oficio del mafioso alias ‘Otoniel’ buscando impedir su extradición hacia los Estados Unidos enarbolando la tesis manida de que su entrega al justicia norteamericana desembocará en el silenciamiento de las verdades que ese delincuente tiene por decir.
Los mecanismos de cooperación judicial existentes entre Colombia y los Estados Unidos son fluidos y garantizan el acceso a la justicia de ambos países. Los escépticos pueden hacer una revisión detallada de la cantidad de versiones libres que desde mayo de 2008 hasta la fecha han entregado los jefes de las AUC que fueron extraditados por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
El episodio de ‘Otoniel’ tiene todos visos fantasiosos. Si ese delincuente tiene información sobre vínculos de dirigentes políticos u oficiales de la Fuerza Pública con su estructura delincuencial, que la entregue sin dilaciones y sin manipulación de ninguna naturaleza.
Si hay generales enredados en tramas de corrupción, la justicia tiene el deber de proceder contra ellos en el término de la distancia. Pero esa colaboración -o delación- no puede servir como elemento para entorpecer el trámite de extradición de ‘Otoniel’.
Los últimos acontecimientos permiten sospechar que detrás de este caso hay una puesta en escena. El comunicado que emitió la cuestionada ‘Comisión de la Verdad’ en el que se denuncia el robo de unas declaraciones proveídas por el capo, enciende todas las alarmas. Según la organización que preside el polémico sacerdote jesuita Francisco De Roux, “…el 18 de febrero de 2022 personas sin identificar ingresaron en horas de la noche a la vivienda del investigador de la Comisión, Eduardo Andrés Celis Rodríguez, que acompaña al comisionado Alejandro Valencia Villa en la entrevista con Darío Úsuga David, alias ‘Otoniel’. En el incidente, sucedido dos días después de que el comisionado y el investigador fueron retirados de una sesión de la entrevista, fueron robadas las grabadoras digitales que se usaron en la entrevista, y un computador”.
Surgen muchos interrogantes. El primero y más importante: ¿Cómo es posible que una información que a todas luces reviste una importancia singularísima, no sea sometida a la custodia debida y esté en la casa de un contratista de la ‘Comisión de la Verdad’? ¿Ese es el rigor con el que esa entidad maneja toda la información que ha recabado?
Es evidente que el testimonio de Úsuga es de gran relevancia. Sus palabras, que como es natural deben ser contrastadas y respaldadas por pruebas materiales, sirven para que los investigadores responsables de la construcción de la denominada “verdad histórica” tengan algunos elementos que resultan muy esclarecedores. ¿Se cuidaron de hacer copias espejo de la entrevista, o fueron tan irresponsables de permitir que la única copia íntegra del audio estuviera en la casa del contratista que alega haber sido asaltado?
Lo cierto es que la policía nacional y el cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía cuentan con todo lo necesario para esclarecer cuanto antes qué fue lo que sucedió, cómo ocurrió el hurto denunciado que, con la información hasta ahora conocida, pareciera estar colmado de imprecisiones y contradicciones. Es sospechoso que el audio supuestamente robado previamente hubiera sido filtrado a la página web santista que publicó apartes del mismo.
El libreto es muy evidente y el fin del mismo salta a la vista: el país está frente a una articulada estrategia política y mediática cuyo objetivo es el de salvar a alias ‘Otoniel’ de la extradición hacia los Estados Unidos. Hay sectores empeñados en convertir a ese mafioso en una nueva versión del falso testigo Juan Guillermo Monsalve y es indignante que la ‘Comisión de la Verdad’ esté prestándose para el logro de ese propósito criminal.
Publicado: febrero 20 de 2022
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