El sábado pasado -12 de febrero- fue el ‘Día de las manos rojas’, fecha en la que se exige el cese del reclutamiento forzado de menores por parte de organizaciones al margen de la ley.
Esa ha sido una de las principales banderas de mi lucha política: velar por los derechos de miles de niños que han sufrido el peor de los delitos posible.
Tan pronto fui elegida como representante a la Cámara, supe que llegaría al Congreso de la República a alzar mi voz por todos los niños que, a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional, han caído en las garras de la ilegalidad.
Al revisar las estadísticas descubrí un hecho escalofriante: Colombia es el país del hemisferio occidental con un mayor número de casos relacionados con ese crimen que es considerado de lesa humanidad por el ‘Estatuto de Roma’.
Y así como tenemos registro de miles de casos, observamos una impunidad espeluznante. Es un crimen silencioso por el que muy rara vez los responsables del mismo son llevados ante la justicia.
Era tal el nivel de indolencia, que las penas previstas por el código penal eran risibles y no se compadecían con los estándares internacionales. Aquello me motivó para presentar y liderar un proyecto de ley que desembocó en un fortalecimiento de las sanciones penales a quienes determinen y ejecuten el reclutamiento de menores.
Se nos hizo creer que el acuerdo de paz con las Farc tendría un efecto inmediato frente a esa tragedia. Nos dijeron que los niños nunca más serían sacados de sus hogares por parte de organizaciones armadas. Nada de ello sucedió. Las tales disidencias nutren sus filas con menores que son usados como esclavos sexuales, que son convertidos en carne de cañón, que son maltratados y muchas veces asesinados.
He exigido que la JEP avance en la investigación contra los miembros de las Farc que durante décadas hicieron del reclutamiento forzado de niños y adolecentes una práctica generalizada y sistematizada. Han pasado casi 5 años desde que se abrió el llamado caso 07 sin que hasta el sol de hoy ni un solo miembro de ese grupo delincuencial haya sido sancionado. Es lamentable que a los miembros de ese tribunal no les importe los que les sucedió a los casi 19 mil niños -la propia JEP reconoce que las Farc utilizaron a 18677 menores- que padecieron esa infamia.
No daré mi brazo a torcer. Renuevo mi compromiso para lograr que haya justicia pero, sobre todo, para que en nuestro país no vuelva a haber un solo caso de reclutamiento forzado de menores. Seguiré insistiendo ante la justicia, ante los organismos de control, ante las entidades del orden nacional y local para que entre todos articulemos una gran política de Estado que parta del establecimiento de un sistema eficaz de alertas tempranas para evitar que los antisociales sigan arrancando a los niños del seno de sus hogares. Y ello debe ir de la mano de una contundente acción de la Fuerza Pública para lograr el rescate de quienes están en poder de los delincuentes, llevando a los responsables de esa monstruosidad ante los tribunales de la justicia.
Este llamado debe extenderse a los países que tanto promueven el diálogo con los grupos ilegales. ¿Quieren promover el diálogo con estructuras al margen de la ley? Entonces deben partir de un presupuesto inamovible: la desvinculación inmediata e incondicional de todos los menores de edad. Los colombianos no queremos más “dialoguitis” insulsa que tristemente desemboca en la legitimación de los violentos. La paz estable y duradera parte de hechos concretos y uno de ellos, el más sólido y urgente, es el de exigirles a los terroristas que paren ya de reclutar.
Publicado: febrero 14 de 2022
4.5