Bogotá está pagando demasiado caro las erráticas decisiones de Claudia López. En materia de vivienda, movilidad y seguridad todo parece empeorar. No hay un norte ni capacidad de ejecución. La ciudad está a la deriva y, mientras tanto, lo único que pareciera importarle a la Alcaldesa es hacer acuerdos de cara a las elecciones presidenciales.
En primer lugar, tal y como se preveía, la aprobación del POT por Decreto está causando serias afectaciones a la construcción de vivienda. Por ejemplo, durante enero los lanzamientos cayeron un 45%, las iniciaciones un 26.1%, las ventas un 28.9% y la oferta un 11%. Es decir, todos los indicadores de uno de los sectores que más jalonó la economía durante 2021 van a la baja en Bogotá, tendencia que muy probablemente se agravará en los siguientes meses como consecuencia de la inseguridad jurídica que acarrea esta norma.
En especial, porque las nuevas cargas que le impone el POT a este gremio junto con la inexplicable idea de incrementar la densidad poblacional de la ciudad e impedir su expansión hacia el noroccidente hace que sea más rentable trasladar la construcción de vivienda a los municipios aledaños que mantenerla en la capital. Con esto, se seguirán expulsando a las familias de menos recursos a la periferia y se agravará la situación de movilidad en los accesos viales de la 80, la autopista norte y la 13.
En segundo lugar, ya se empieza a ver la principal consecuencia de extender el pico y placa todo el día. Adicional a las afectaciones al sector gastronómico, la inscripción de motos en Bogotá se disparó un 34.9% durante enero, a tal punto que la capital fue donde más se incrementó la adquisición de estos vehículos en el País.
Y es apenas lógico. Al igual que en 2009, cuando Samuel Moreno hizo lo propio, lo que genera el pico y placa extendido es un incremento en el parque automotor, con la diferencia que ahora el mercado de las motos se está expandiendo mucho más rápido que el de los carros. Muy poco se soluciona en el corto plazo y se empeora la situación a largo plazo.
En tercer lugar, de nada sirve que el Distrito cree un programa de recompensas para capturar bandidos cuando la Policía sigue trabajando con las uñas. Esta administración prefirió destinar $145.971 millones más a recreación y deporte que a seguridad en el presupuesto de 2022 y, por si fuera poco, permanecen intactas en la mente de la Alcaldesa las propuestas de despojar a los uniformados del fuero penal militar y desarmar a la institución. Sin recursos ni una tropa con moral, es imposible mejorar los indicadores de delincuencia que tienen azotada a la ciudad.
No en vano la favorabilidad de Claudia López está por el piso. Pelear con el Gobierno Nacional no le volvió a funcionar para distraer la atención de los verdaderos problemas que tiene Bogotá. La ciudad requiere de una implacable capacidad de ejecución que brilla por su ausencia en esta administración.
Publicado: febrero 23 de 2022
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