La congresista del partido Verde Luvi Katherine Miranda Peña creyó equivocadamente que podría montar su campaña a la Cámara de Representantes ultrajando impunemente a la exministra de TICs, Karen Abudinen.
En momentos en los que la ciudadanía espera ansiosamente propuestas sensatas para la solución de los miles de problemas que aquejan a Colombia, la Miranda tuvo la temeraria idea de montar vallas con el slogan “Que no nos abudineen el país”.
El paso del tiempo y los hechos confirman incuestionablemente que gracias a la diligencia y a la celeridad de la exministra Abudinen los cafres del consorcio ‘Centros Poblados’ no pudieron salirse con la suya. Hoy, el cerebro de ese entramado de corrupción, Emilio Tapia, está tras las rejas. La misma suerte corrieron otros directivos del malhadado consorcio que, en realidad, era una empresa criminal.
A pesar de las presiones y de las llamadas que recibió para que le bajara el volumen al asunto, Abudinen se mantuvo firme en su decisión de caducar el contrato, de denunciar los hechos ante la fiscalía y ante los organismos de control y, lo más importante, recuperar de la manera que fuera los famosos $70 mil millones de pesos del anticipo. Y, así les moleste mucho a los opositores al gobierno, el dinero está a salvo por cuenta de los embargos que decretó el propio Ministerio de TICs.
Dispuesta a defender su dignidad, la exministra Abudinen acudió ante las autoridades electorales con el fin de que adoptaran las medidas correspondientes en relación con el brutal slogan de Miranda.
El Consejo Nacional Electoral, a través de una resolución, dictó medidas cautelares ordenando “el desmonte de las vallas, pancartas, pasacalles y publicaciones realizadas en las redes sociales de la candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá, Luvi Katherine Miranda Peña que contengan referencias a las palabras ‘abudinear’, ‘abudineen’ u otras similares para lo cual la referida candidata contará con un término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación del presente proveído”.
Muchos se preguntan cuál es el verdadero interés de esa congresista vocinglera en todo este asunto de ‘Centros Poblados’, porque como bien inquirió recientemente la exiministra Karen Abudinen porqué Miranda no ha cuestionado a los artífices de esa defraudación.
Responsabilizar a Karen Abudinen por lo sucedido, cuando ella fue víctima de unos hampones, es tan desproporcionado como responsabilizar a una mujer por haber sido violada, dejando impune a quien cometió el acto delincuencial.
En su cuenta de Twitter escribió un hilo que resulta oportuno: “Ahora soy yo quien hace las preguntas @MirandaBogota: 1. ¿Por qué usted nunca habla de Emilio Tapia? 2. ¿Por qué nunca señala a L.F Duque y J.J Laverde hoy presos? 3. ¿Raro que nunca ataque a quienes capturaron por el caso de Centros Poblados? 4. Por qué su obsesión contra mi cuando yo he sido quien denunció, caducó y embargó? 5. ¿Por qué se ha dedicado a tender cortinas de humo como si se tratara de proteger a los presuntos delincuentes? Muchas preguntas sin respuestas, muy conveniente su postura”.
Pero esos no son los únicos problemas que tiene la señora Miranda respecto de la publicidad de su campaña política. Recientemente quedó evidenciado que los “creativos” que la asesoran plagiaron un video erótico de creación del español Carles Valdés.
La oficina de prensa de la congresista solicitó permiso para utilizar el video, sin que el creador del mismo lo concediera. No obstante, la ausencia de la autorización, Miranda siguió adelante y utilizó el contenido, en un claro fraude y robo de propiedad intelectual, razón por lo que la firma dueña de los derechos muy posiblemente emprenderá acciones de orden legal en contra de quien engaña a la opinión pública presentándose como una luchadora contra la corrupción.
Robar el trabajo creativo de otros es tan grave como asaltar un banco o participar en un entramado de corrupción. La representante Miranda deberá asumir las consecuencias de sus actos.
Publicado: febrero 22 de 2022
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