La magistrada de la sala de instrucción de la corte suprema de justicia Cristina Lombana está siendo víctima de una campaña sistemática de desprestigio, situación que pone en grave riesgo su vida.
Ella, con juicio y disciplina, ha profundizado en la investigación que se adelanta en contra de la exsenadora Piedad Esneda Córdoba por sus vínculos inocultables con la banda terrorista de las Farc, proceso que -paradojas de la vida- comenzó por una denuncia interpuesta por Roy Barraras a comienzos de junio de 2008, luego de que el país empezara a conocer el contenido de los computadores incautados en el campamento de alias ‘Raúl Reyes’.
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En aquel momento Barreras -hoy socio político de la Córdoba- expresó ante la opinión pública que “es necesario que la ley le ponga límites a la senadora Piedad Córdoba en sus declaraciones por el daño que le ha hecho a la imagen del país y a las instituciones… Córdoba ha hecho apología del delito y ha incitado al crimen con sus comentarios y no ha permitido, con su actuación, que muchos de los secuestrados por las Farc consigan la libertad”. Eran los tiempos en los que Barreras -que se ha paseado por todas las tendencias políticas-, se presentaba como “uribista”; hoy, es petrista.
Piedad Córdoba, que se nota nerviosa, que da tumbos, que comparece con tono de voz quebrado en las pocas entrevistas que ha dado en los últimos días, ha desatado una brutal campaña de señalamientos contra la magistrada investigadora Cristina Lombana, funcionaria judicial que ha hecho un trabajo juicioso recaudando testimonios y ordenando la práctica de pruebas. ¿A qué le teme Piedad? ¿Por qué su alevosía al mandar a decir a través de la abogada que la representa que desatenderá los llamados de la justicia? Curiosa actitud de quien no hace mucho defendía a capa y espada al magistrado-contratista Cesar Augusto Reyes cuando la opinión pública conoció los actos de corrupción de ese funcionario. ¿Ley del embudo?
Lo cierto es que la estrategia de Córdoba es sucia y tremendamente delicada, dados los antecedentes que el país conoce. Ella es una aliada irrestricta de grupos delincuenciales como las Farc y la dictadura venezolana. Sus problemas son supremamente grandes y no se solucionan desprestigiando a la servidora pública que tiene el deber legal de adelantar la investigación que, no se puede soslayar, se desprendió de una denuncia interpuesta por alguien que hoy hace causa común con ella.
Las pruebas son sólidas. El testimonio del otrora asesor y calanchín de Córdoba, Andrés Vásquez es tremendamente comprometedor. A ello se suman las evidencias de su maridaje criminal con el extraditado Alex Saab quien seguramente, en su matriz de colaboración con la justicia de los Estados Unidos, tendrá que contar con lujo de detalles cuál fue el papel que desempeñó la exsenadora y traficante de secuestrados en su entramado de corrupción.
Muy importante, así mismo, la determinación adoptada hace pocas horas por la fiscalía general de la nación al ordenar un estudio detallado del patrimonio de Piedad Córdoba, de sus familiares inmediatos, analizando con lupa las declaraciones de renta y los informes de ingresos y egresos exógenos de cada uno de los miembros del grupo inmediato de la investigada. Gracias a ese trabajo, la justicia podrá conocer los pormenores de la inmensa fortuna que ha podido amasar la cuestionada dirigente política que, en un abrir y cerrar de ojos, terminó rodeada de lujos que sólo pueden proporcionarse personas con una fortuna considerable.
Mientras se cumplen las diligencias y se practican las pruebas, las autoridades nacionales, pero también las norteamericanas -esas mismas que tienen a Córdoba en la mira- deben hacer lo que sea necesario para garantizar la vida de la valiente magistrada a la que no le tembló el pulso para avanzar en la investigación contra la otrora intocable Piedad Córdoba Ruiz.
Publicado: febrero 21 de 2022
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