Esta semana se cumplió un aniversario más de uno de los hechos más aterradores y perversos en contra de la sociedad colombiana: la bomba al Nogal. Un suceso que evidenció la crueldad de las Farc y que, desafortunadamente, todo indica que quedará en la impunidad.
36 personas perdieron la vida y casi 200 resultaron heridas. Un atentado sanguinario contra una instalación civil que no tiene justificación alguna y que sembró el terror en Bogotá, al igual que muchos otros actos inadmisibles en las regiones.
Casi dos décadas han trascurrido desde entonces. Ha habido avances en materia de verdad. Las Farc contaron su versión de la historia y se han acercado a un grupo de víctimas, algo realmente importante. Sin embargo, el componente punitivo sigue siendo inexistente.
El Paisa, cerebro de semejante atrocidad, se burló de los colombianos, acudió a La Habana para escapar de la acción de las Fuerzas Militares y terminó refugiado en Venezuela. Al fin y al cabo, el bloque más sanguinario de esa organización nunca abandonó el narcotráfico y simplemente utilizó la negociación para recomponerse militar y financieramente.
De acuerdo a los medios, el Paisa cayó en una pelea entre bandidos en suelo extranjero. Más allá de si eso efectivamente sucedió o no, lo cierto es que el secretariado de las Farc tampoco respondió ante la justicia por este hecho.
Los máximos responsables hoy son honorables congresistas y están lejos de pagar por sus crímenes. Además, las víctimas del Nogal han adelantado una desgastante batalla jurídica para que la JEP revise este caso, circunstancia que, a mi parecer, tampoco cambiará en mayor medida el panorama.
En especial, porque más allá de la reconstrucción de la verdad que se puede lograr allí, y que también se puede conseguir escenarios extrajudiciales, el sistema de sanciones de la JEP garantiza la total impunidad para los peores criminales en la historia del País.
Solo basta que acepten su responsabilidad en los hechos para que accedan a las rimbombantes sanciones propias, las cuales bajo ninguna circunstancia se podrán equiparar a pena privativa de la libertad ni a una medida de aseguramiento intramural. Es decir, ni un solo día en la cárcel.
Una paradoja inexplicable que causa más heridas que las que sana y envía un pésimo mensaje a las nuevas generaciones. Quienes pusieron la bomba en el Nogal no solamente no pisarán un centro de reclusión, sino que hacen política auspiciados por un Estado que mira de manera indiferente a los familiares de los fallecidos en aquella trágica noche de febrero. Una realidad imposible de entender que tampoco nos trajo paz.
Publicado: febrero 11 de 2022
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