Desde hace cerca de un año la fiscalía general de la nación ha adelantado una operación contra una serie de operadores judiciales envueltos en actos de corrupción, en un caso que se ha conocido como ‘el cartel de la toga barranquillero’ cuyos detalles han sido revelados por LOS IRREVERENTES.
Contexto: La caída del cartel de la toga barranquillero
En la trama, hasta ahora, hay 3 jueces penales y un fiscal. Dos de los jueces fueron capturados en diciembre del año pasado junto al fiscal, y la semana pasada un tercer juez fue imputado. Los delitos son prevaricato por acción y fraude procesal.
El caso tiene relación con el pleito que involucra a la familia Acosta por el control de la ‘Fundación Acosta Bendek’, la ‘Universidad Metropolitana’ y el ‘Hospital Universitario Metropolitano’.
Tal y como se ha conocido en las distintas diligencias, la fiscalía general no tiene dudas respecto de la participación de los implicados en la persecución que se ha desatado contra una rama de la familia Acosta, cuyo cerebro es el polémico Carlos Jaller, hombre poderoso que hasta el momento ha pasado inadvertido en la investigación.
Se ha podido determinar que tanto el fiscal -Gustavo Orozco Pertuz- como los 3 jueces – Rafael Uribe, Alberto Oyaga y Manuel Augusto López Noriega- de manera ilegal adoptaron decisiones que perjudicaron al exrector de la ‘universidad Metropolitana’ Alberto Acosta Pérez y al actual rector Juan José Acosta Osio. El beneficiario de esa operación que la fiscalía general ha considerado ilegal es el señor Carlos Jaller.
Se trata de un sujeto que hábilmente ha logrado desviar la atención de la justicia y de la opinión pública tratando de convertir a sus víctimas en victimarios.
El pleito comenzó hace más de 5 años, cuando la familia Acosta descubrió que la ‘Universidad Metropolitana’ -que entonces estaba bajo la dirección de Jaller Raad- había sido desfalcada en más de $30 millones de pesos. Desde entonces, la fiscalía general tiene todas las evidencias del saqueo sin que haya movido un dedo en contra del autor material del mismo.
Este proceso tiene un parecido insoportable con el de Carlos Mattos. Como es sabido, el poderoso empresario fue recientemente extraditado desde España hacia Colombia para que responda por delitos relacionados con la compra de unos jueces en medio del pulso por el control de la distribución en Colombia de los vehículos marca Hyundai. Los jueces fueron sobornados por agentes de Mattos y la justicia, como debe ser, llegó hasta él en su condición de determinador del delito.
Retomando el caso de Jaller, hay muchos elementos que llaman poderosamente la atención. ¿A razón de qué, tres jueces y un fiscal tomaron decisiones ilegales para perjudicar a las contrapartes de Jaller? ¿Se les ocurrió hacerlo, o estaban cumpliendo una instrucción? Existen evidencias incontrastables que ratifican que, durante la época de los hechos, el fiscal involucrado en la trama, Orozco Pertuz, adquirió propiedades que jamás habría podido pagar con su sueldo de servidor de la justicia. ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se ha investigado el crecimiento injustificado del patrimonio de ese individuo?
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Enseña la sabiduría popular que la esposa de Cesar, además de serlo debe parecerlo. El intocable Jaller se burla de la justicia desafiantemente. Llama la atención, por ejemplo, uno de sus abogado, el polémico Antonio Luis González Navarro -conocido de autos por la manera como conseguía testigos cuando fungía como fiscal- también es abogado de algunos de los funcionarios judiciales que están siendo investigados, precisamente, por favorecer a su cliente. ¿Quién cubre los honorarios del doctor González Navarro?
La estrategia de Jaller es evidente: enrarecer el ambiente para desconcentrar a los investigadores porque sabe que en cualquier momento las evidencias en su contra y en contra de los miembros de su clan familiar los pondrán contra las cuerdas dado que el desvío de dineros no solo se dio en la ‘Universidad Metropolitana’ sino que también ocurrió en el ‘Hospital Metropolitano’ mientras su sobrino Javier Cuartas Jaller ejercía como su director. Sobre ese desfalco hay mucho por revelar: retiros en efectivo de cientos de millones de pesos y malversación de recursos públicos destinados a la atención de los pacientes.
Publicado: diciembre 3 de 2021
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