Nada que provenga de la JEP, tribunal ilegítimo creado para salvaguardar a las Farc y garantizar la impunidad de delitos de lesa humanidad, me genera confianza.
Me es imposible olvidar que un grupo de 3 magistrados de esa jurisdicción fueron los encargados de facilitar la liberación y posterior fuga del narcoterrorista alias ‘Jesús Santrich’, capo que desde Venezuela se encargó de reestructurar a las llamadas disidencias de las Farc.
Soy escéptica frente a la JEP porque los colombianos no aceptamos su existencia y, a pesar de que mayoritariamente nos opusimos a la misma con ocasión de la convocatoria popular que se llevó a cabo en octubre de 2016, Santos y los terroristas nos impusieron ese tribunal.
Aquella ha sido una institución marcada por los escándalos, como cuando uno de sus fiscales, Juan Carlos Bermeo, fue capturado en flagrancia mientras recibía un multimillonario soborno precisamente para favorecer a los narcotraficantes de las Farc.
Desde que empezaron los diálogos de La Habana reclamé un tratamiento especial e inequívoco al reclutamiento forzado de menores. Siendo las Farc el grupo armado organizado al margen de la ley que más niños ha reclutado en el hemisferio occidental, era perentorio que los negociadores del gobierno de Santos pusieran especial cuidado a ese aspecto, situación que no ocurrió.
Con indignación vimos la indolencia de quienes supuestamente velaban por los intereses de los ciudadanos. El comisionado de paz santista, Sergio Jaramillo, no hizo nada para impedir el reclutamiento de menores mientras se desarrollaban las conversaciones. En su momento, cuando le pregunté porqué no se exigía la suspensión del reclutamiento, me respondió por escrito que “el gobierno ha explicado en reiteradas oportunidades que el actual proceso de conversaciones en La Habana, se da en medio de la continuación del conflicto armado interno en Colombia. Lo anterior implica que los hechos lícitos y los hechos ilícitos en medio del conflicto continúan sucediendo en el terreno…”.
En resumen, Jaramillo se lavó las manos y, por omisión, permitió que las Farc continuaran reclutando menores de edad.
Las noticias respecto de esa tragedia son cada vez más indignantes. Hace poco leí un informe en el que el presidente de la comisión de la verdad, el polémico sacerdote Francisco de Roux, narraba que los menores reclutados por las Farc eran obligados a enterrar a otros niños que morían en combates o que eran ajusticiados brutalmente por los cabecillas de la guerrilla.
Ahora ha trascendido que la JEP, esa misma que lleva años enteros perdiendo el tiempo, ha llamado a 47 cabecillas de las Farc para que respondan por el reclutamiento de menores. Entre los citados están la genocida Victoria Sandino y el terrorista internacional Rodrigo Granda.
Vamos a ver qué sucede con ese llamamiento. No espero absolutamente nada, pues la JEP está enfocada en la persecución de los miembros de nuestra Fuerza Pública y no en la impartición de “justicia” -si es que así puede llamársele- a los miembros de la guerrilla que están bajo su jurisdicción.
Publicado: diciembre 13 de 2021
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