Desde cuando estaba en el ministerio de Defensa -en el gobierno de Uribe-, Santos metió sus manos en la administración de justicia para perseguir a sus malquerientes, como fue el caso del almirante Gabriel Arango Bacci.
En efecto, Arango, un oficial impecable de la Armada Nacional, fue víctima de un brutal montaje en el que participaron Juan Manuel Santos y su hombre de confianza el corrupto almirante Álvaro Echandía. La farsa se tradujo en que la víctima terminó dos años injustamente privado de la libertad, respondiendo por unos delitos que jamás cometió y que solo existieron en la putrefacta imaginación de Juan Manuel Santos quien, por un asunto de faldas, resolvió acabar con la vida de Arango.
En la presidencia de la República se cuidó de poner al frente de la fiscalía a personas de baja catadura moral que hicieran disciplinadamente los mandados que él quisiera. Primero estuvo la delincuente Vivianne Morales, mujer peligrosa que fue la encargada de prefabricar procesos penales contra destacadas figuras del uribismo y funcionarios del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Morales duró poco tiempo al frente de la fiscalía y fue reemplazada por nadie menos que Eduardo Montealegre, el diseñador y fabricante de grandes montajes judiciales como los que sufrieron Santiago Uribe y el hoy candidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga.
Santos conoce muy bien la fórmula. Suple sus evidentes falencias intelectuales y políticas manipulando a la justicia para acorralar a sus rivales.
Hace unas semanas, el magistrado de la corte constitucional Alejandro Linares con toda la tranquilidad del mundo confesó que Juan Manuel Santos había estado llamando a los magistrados de ese tribunal con el propósito de manipular su criterio respecto de la acción de tutela propuesta por el presidente Uribe y con la que buscaba que se le respetaran su derecho fundamental al debido proceso en la investigación amañada y tramposa que se adelanta en su contra.
Trascendió que los abogados del expresidente Uribe, como debe ser, presentaron denuncia contra Santos y contra Linares con el fin de que las autoridades competentes determinen si se cometieron los delitos de omisión de denuncia y tráfico de influencias.
En criterio de los abogados de Uribe, los juristas Jaime Granados y Jaime Lombana, “la justicia debe ser independiente, objetiva e imparcial, libre de presiones externas, y no debe permitir que un enemigo declarado como Santos, sugiera, presione o dirija el sentido de un voto por parte de un magistrado. La conducta del magistrado Linares resulta muy censurable recordando que admitió y confesó públicamente que Santos había llamado a magistrados. Linares y Santos mancharon la dignidad de la justicia y debe ser investigados penalmente”.
Ojalá la justicia proceda con celeridad e imparcialidad. Santos merece ser sancionado. Ya es hora de que reciba el escarmiento que merece.
Publicado: diciembre 16 de 2021
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