Prestigiosos abogados penalistas que nada tienen que ver con la defensa técnica del expresidente Uribe, como el doctor Iván Cancino, aseguran que efectivamente la indagatoria que en su momento hizo el magistrado/contratista Cesar Augusto Reyes Medina no puede ser homologada con una imputación de cargos.
En criterio de Cancino, “imputación jamás puede ser igual a la indagatoria: indagatoria es medio de defensa y de prueba, imputación no. En la indagatoria se ‘indaga’, en la imputación nada se indaga, se informa. En la indagatoria se puede guardar silencio, en la imputación da lo mismo”.
El debate es de singular trascendencia, pues luego de su renuncia al Senado, el expediente del presidente Uribe -que se adelantaba bajo la antigua ley 600- pasó a la fiscalía, organismo que tiene la obligación de adelantar la indagación bajo la norma que incorporó el sistema acusatorio.
Es evidente que la investigación debe empezar desde ceros, valorando las pruebas existentes y practicando las que la fiscalía, en su condición de organismo de investigación y acusación, considere pertinentes.
La decisión adoptada por un juez, concluyendo que la indagatoria realizada por la corte es equivalente a la imputación, resulta a todas luces equivocada. Dado que al exmandatario se le están vulnerando sus derechos fundamentales, empezando por el del debido proceso, sus defensores propusieron la famosa acción de tutela cuya revisión le correspondió a la sala plena de la corte constitucional.
Álvaro Uribe está en las antípodas de ser un ciudadano con privilegios en la justicia. Todo lo contrario. Él y los suyos han sido inclemente e ilegalmente perseguidos por la rama jurisdiccional. Tres exministros suyos fueron juzgados y condenados en procesos donde primó el interés político de liquidar al uribismo. Otros funcionarios, como el alto comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo han sido víctimas de montajes estructurados sobre testimonios falaces.
Valga recordar la manera como se surtió la investigación contra el exmandatario en la corte suprema. El proceso comenzó con el polémico exmagistrado Barceló quien borracho gritaba a los cuatro vientos que encarcelaría a Uribe. Luego, la investigación pasó a la sala de instrucción y a través de una maniobra oscura, los miembros de esa célula se encargaron de que el expediente quedara en manos de nadie menos que del magistrado Reyes Medina, conocido de autos por su cercanía con el expresidente Santos, principal enemigo político de Uribe. Reyes, además, tiene estrechos vínculos con la supuesta víctima, el senador de las Farc Iván Cepeda, conocido en el mundo penitenciario con el alias de ‘Don Iván’.
Reyes no investigó con rigor. Su trabajo consistió en maquillar un expediente, dándole plena credibilidad a los falsos testimonios del criminal Juan Guillermo Monsalve y de su concubina, la exguerrillera de las Farc Deyanira Gómez Sarmiento.
La corte constitucional, que tiene la función de salvaguardar los derechos fundamentales de TODOS los colombianos, sin excepción ni distingo de ninguna naturaleza, no obró en derecho. Procedió con sesgo, se retiró la venda y se concentró en el proponente de la tutela y no en los argumentos esgrimidos por él.
Este nuevo capítulo sirve como elemento adicional para confirmar que, infortunadamente, Álvaro Uribe es, sin duda, un ciudadano al que sistemáticamente se le pisotean sus derechos con el fin de sacarlo de la arena política y convertirlo en un paria. Sus enemigos, incapaces de derrotarlo en las urnas, han usado a la justicia para aniquilarlo.
Publicado: noviembre 10 de 2021
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