Eduardo Montealegre pasó a la historia como un fiscal general corrupto y abusivo, que convirtió a esa entidad en una suerte de policía política que persiguió inclementemente al uribismo. Cuando Montealegre y su lugarteniente Perdomo no estaban estructurando montajes judiciales, es porque se encontraban perfeccionando multimillonarios contratos para favorecer ilegalmente a amigos y amantes.
El país recuerda el vergonzoso escándalo de Natalia Lizarazo, conocida comercialmente con el nombre de “Natalia Springer” una estafadora profesional que, gracias a sus relaciones íntimas con Montealegre pudo apropiarse de miles de millones de pesos gracias al supuesto diseño de un “algoritmo” que ayudaría a las investigaciones de la Fiscalía.
Lo cierto es que todo era una farsa, empezando por el nombre y el origen austriaco de la favorecida. Ella, en efecto es una humilde mujer nacida y criada en un barrio de extracción popular de Bogotá que con base en una declaración falsa ante un notario de Bogotá -por unas supuestas amenazas de secuestro- cambió su apellido, poniéndose el de quien fuera su esposo, un profesor austriaco de apellido Springer.
Igualmente, los supuestos estudios de altísima calificación en las “mejores universidades” de Europa que la estafadora acreditó cuando celebró los contratos regalados por Montealegre, en realidad eran cursos de pocos días en universidades de garaje europeas. Llegó al extremo de presentar como una maestría un seminario de 6 semanas que adelantó en la universidad de Uppsala, en Suecia.
Estuvo en San Remo -sí en San Remo- Italia atendiendo una conferencia de 13 días y presentó el certificado de asistencia como si fuera una especialización en Derecho Internacional Humanitario.
Ella, una embaucadora y Montealegre un enamorado al que le importó un pepino que el dinero de la Fiscalía -que es público- terminara en las alforjas de su querida.
Pero “Springer”, quien popularmente es reconocida con el apodo de ‘La Tocarruncho’ no fue la única amante agraciada con el botín de la Fiscalía.
Jorge Fernando Perdomo, reconocido activista de la colonia LGBTI, superó a Montealegre. No solo enriqueció a un enamorado suyo, sino que el favorecido fue traído desde España. Se trató del arquitecto Manuel Sánchez-Vera Gómez-Trelles quien estaba mal de dinero, pero bien de novio.
A pesar de que en la Fiscalía hay una amplia nómina de arquitectos asignada al área de construcción y mantenimiento de las sedes de esa entidad en todo el país, el novio de ocasión de Perdomo fue premiado en 2015 con un jugoso contrato de $29 millones de pesos mensuales para que, desde la comodidad del lecho que compartía con el entonces vicefiscal, apoyara y “colaborara” -nunca para ejecutar ni realizar- en los diseños que requería la Fiscalía.
Montealegre y Perdomo son un par de desvergonzados. Sujetos grises, campeones cuando de moverse en las tinieblas se trata. Relacionados con personas oscuras y con delincuentes de talla mayor como es el caso del estafador David Wigoda.
Aquel episodio es nauseabundo. Wigoda es un hampón que en su momento fue imputado por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y falsedad en documento.
El robo perpetrado por Wigoda, que era propietario de una empresa de corretaje de factura, fue superior a los $200 mil millones de pesos.
Resulta que, a pesar de estar investigado por la fiscalía, Wigoda puso en venta un inmueble de su propiedad ubicado en el exclusivo condominio ‘La Pradera de Potosí’, en las afueras de Bogotá. Los compradores fueron Montealegre y su esposa Tania Malely Hernández quienes pagaron, según la escritura pública, $890 millones de pesos por la propiedad (¡!).
La historia de esa propiedad tuvo un capítulo adicional. Montealegre la puso en venta y el comprador resultó ser el exmagistrado Manuel José Cepeda, conocido como ‘Cepedín’. Ese negocio se hizo por $1200 millones de pesos. Luego de perfeccionado ese negocio, Montealegre, como fiscal general, de forma directa y sin que mediara licitación alguna, le dio contratos a Cepeda que ascendieron a $609 millones de pesos.
En otras palabras, Cepeda recuperó un poco más del 50% de lo que le pagó a Montealegre por el bien en ‘La Pradera de Potosí’ a través de contratos de prestación de servicios otorgados por el mismo Montealegre. La ecuación es: “Yo te vendo, tú me pagas y después, con presupuesto público, tú recuperas”. Si eso no es corrupción, entonces ¿qué es?
Ahora Montealegre y Perdomo buscan “reencaucharse” ante la opinión pública haciéndose pasar como “víctimas” del presidente Uribe, cuando acá las verdaderas víctimas han sido todos los colombianos que sufrieron los abusos de ese par de sujetos cuando tuvieron el control de la Fiscalía General de la Nación.
Publicado: noviembre 8 de 2021
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