A veces me pregunto si hicimos lo correcto oponiéndonos al proceso de La Habana. ¿Será que le debimos haber dado una oportunidad a los acuerdos? ¿O será que asumimos una posición muy radical al respecto?
Pues bien, si algo puedo concluir después de estos cinco años es que no nos equivocamos. Las profundas preocupaciones que teníamos se hicieron realidad y, en últimas, nunca se logró la paz. La impunidad sustituyó la legítima exigencia de justicia de las víctimas y el problema más grande que tiene el País, la droga, siguió intacto.
De hecho, es la hora en que las Farc no han entregado las rutas del narcotráfico ni han cooperado con el Estado para combatir este flagelo, a pesar que ese era uno de los cinco puntos del proceso. Es más, si de algo sirvió la negociación fue para detener la fumigación con glifosato y pasar de 48mil a más de 200mil hectáreas de coca que no hemos logrado reducir. La situación se agravó y las soluciones ni se avizoran en el más lejano de los horizontes.
Además, la violencia en las regiones no cesó y en una gran mayoría de casos lo que se vio fue un cambio de uniforme entre una organización delincuencial y otra, pero la red de dinero, armas y agresiones en torno al narcotráfico permaneció intacta.
Por su parte, las víctimas siguen viendo un chispero. En materia de reparación pasamos de un listado inicial lleno de traperos y escobas a unos bienes que en su mayoría no tienen vocación reparadora y, en muchos casos, ni se han podido localizar.
Y como no mencionar esa actitud cínica, desafiante y descarada con que las Farc justifican las barbaries que cometieron contra los secuestrados. A este punto, su relato va a resumirse en que invitaron a un conjunto de colombianos a una excursión en la selva llena de aventuras, experiencias y atracciones.
Y si por acá llueve, por los lados de la JEP no escampa. Bajo la teoría de la justicia transicional se ha querido justificar el hecho que pasar de la violencia a la normalidad amerita la imposición de sanciones propias a los máximos responsables de delitos atroces, las cuales se definen como restricciones de derechos que bajo ninguna circunstancia pueden equiparse a penas de prisión o medidas de aseguramiento.
Es decir, aquellos que violaron, asesinaron, secuestraron y sembraron el terror en todo el País no van a pagar un solo día de cárcel y, por el contrario, gracias al acuerdo podrán seguir fungiendo como padres de la patria desde el Congreso de la República. Un sinsentido que solo ocurre en Colombia.
En últimas, lo que tanto advertimos se terminó convirtiendo en realidad. Las Farc gozan de impunidad, las víctimas están en el aire, los cabecillas llegaron al Congreso sin pena ni gloria y el narcotráfico sigue haciendo lo que quiere con Colombia. 5 años de incumplimientos y promesas incumplidas por doquier.
Publicado: noviembre 28 de 2021
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