Las contralorías son entes políticos que saltan de un escándalo de corrupción en sus entrañas a otro sin que se le haya podido poner cascabel al gato. Y poco sirven para combatir la corrupción en el resto del Estado, la cual es su función. Obviamente, son focos de clientelismo usados por los políticos para detentar el poder mediante el manejo de puestos y contratos, y no hay que hacer mucho esfuerzo para concluir que la peor de todas es la Contraloría General de la República (CGR), que nos cuesta un billón de pesos al año.
Se ha dicho que en la CGR ostenta muchísimo poder el expresidente César Gaviria, uno de los patrones del inefable Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín. Y no hay que ser muy suspicaz para entender que la ratificación del fallo de responsabilidad fiscal en contra de los constructores de Hidroituango es una decisión política. De hecho, cuando se anunció la ratificación relámpago, apenas habían pasado 24 horas desde que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) llegaron a un acuerdo con los constructores para prorrogar el contrato por once meses, permitiendo la entrada en operación de la central con las primeras dos turbinas.
No sobra decir que con ese acuerdo se venia abajo el sueño enfermizo del alcalde Quintero de cambiar a los contratistas, cosa que ahora es inevitable a menos que paguen los 4,3 billones de pesos por los que la CGN los condenó. Es decir, la CGN le echó una mano —y el brazo entero— a un alcalde que casó una pelea personal con toda la institucionalidad y el notablato antioqueño en detrimento de toda la región y del país. La consigna es muy clara: hay que debilitar a Antioquia para arrodillar a Colombia porque esta región ha sido el bastión que se ha opuesto a las aventuras de la izquierda, y hay que doblegarla con ataques feroces.
Para tener un mejor panorama de lo irregular que resulta el fallo, hay que tener en cuenta varios aspectos:
Primero, que como lo resalta el mismo informe de la CGN, en la construcción de Hidroituango no ha habido actos de corrupción; o sea, nadie se ha robado un peso, por lo que no se entiende por qué les reclaman el pago de semejante cifra a 26 personas naturales y jurídicas que solo recuperarán su «vida normal» cuando el seguro termine de cubrir el costo del siniestro, si es que lo hace.
Segundo, que el informe también descarta que en los errores que condujeron a la contingencia de 2018 se presentaran actuaciones a título de «dolo», o sea intencionadamente dañinas; aunque sí les endilga «culpa grave» a estas personas por las decisiones tomadas. Es decir, se reconoce que actuaron de buena fe, pero se les castiga por los errores cometidos quitándoles un dinero que no tienen ni se han robado.
Tercero, que es muy cuestionable hablar de detrimento fiscal en Hidroituango por cuanto se trata de una obra desarrollada por el sistema de concesión, en el que el Estado da un permiso para que un particular (que puede ser extranjero) o una empresa industrial y comercial del Estado (como EPM) financie, construya y opere por un tiempo una obra para recuperar la inversión y obtener ganancias. Eso quiere decir que EPM no ha recibido adelantos para la ejecución de este proyecto por parte del Gobierno ni recibirá pagos posteriores por ello. El asunto es que EPM recibirá las ganancias por ventas de energía durante 50 años y con ello cancelará, en los términos acordados, los préstamos adquiridos con el BID y bancos europeos. Esos 4,3 billones no van a salir de nuestros impuestos ni de alzas de tarifas de energía; serán un extracosto de un negocio que le dejará ganancias a EPM de 1,5 billones al año.
En síntesis, el alcalde ‘Pinturita’ se salió con la suya en su afán de hacerles daño a EPM, a Hidroituango, a Antioquia, a la élite regional, ¡a Colombia entera! La obra tendrá nuevos contratistas, no empezará a generar en 2022, lo que le traerá grandes multas a EPM, y su retraso habrá que medirlo en años: se tiene el antecedente de Porce II, también de EPM, donde el cambio de contratista en 1999 ocasionó un retraso de 16 meses.
Ahora, con este absurdo fallo de la Contraloría, toca preguntarse, ¿qué constructores honestos se le medirán a edificar obras de infraestructura en las que un error de buena fe los puede llevar a perder todo su patrimonio? ¿Qué funcionarios públicos van a impulsar y a participar en grandes proyectos con semejante inseguridad jurídica?
Puede que la energía de Hidroituango no nos haga falta en los próximos años, ojalá. Pero, aunque hubiera un apagón, lo único que importa por ahora es que el vertedero mantenga su estabilidad. No fue construido para canalizar de manera permanente las aguas de un río indómito que ha lijado las piedras de su cauce, aunque a lo largo de miles de años. Por eso, la suerte de miles de personas vertedero abajo, es responsabilidad del alcalde Daniel Quintero Calle y de la Contraloría General de la República.
Publicado: noviembre 30 de 2021
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