¿Por qué el Gobierno volvió a radicar en el Congreso el peligroso Acuerdo de Escazú? Es sencillamente incomprensible. En estos momentos lo último que necesita el País es ratificar un tratado que aumenta la inseguridad jurídica para los proyectos de inversión y empodera a las ONG para que sigan enriqueciéndose a costas de demandar al Estado ante instancias internacionales.
La discusión sobre este tema fue bastante amplia en el primer semestre del año. En las Comisiones Segundas Conjuntas del Congreso, tras escuchar a todos los actores involucrados, se terminó hundiendo el proyecto por falta de votos. Una manifestación legítima del legislativo donde se decidió no aprobar este tratado por los riesgos que implicaba.
Y razones había de sobra. Por ejemplo, Escazú permite que cualquier persona solicite información sobre las iniciativas que se estén llevando a cabo en el País y tengan impacto ambiental, con lo cual la nueva forma de obstruir las inversiones será a través de interminables peticiones documentales que se suman a los ya extensos trámites para acceder a las licencias ambientales y las extorsiones inherentes a la consulta previa.
Además, el tratado abre la puerta para que las controversias de naturaleza ambiental se puedan terminar dirimiendo ante organismos internacionales, como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si la justicia local no accede a las peticiones de los demandantes. Situación que, de paso, explica el interés tanto de la CEPAL como de las ONG en lograr la ratificación del Acuerdo: entre más litigios haya en estas instancias más cobran por su labor y más condenas hay en contra de los Estados, dado que nunca una Nación logra ganar un caso allí. Un vil negocio que financia la burocracia de estos organismos, pero que desangra la economía de las regiones.
Adicionalmente, en aplicación del principio de precaución se terminaría bloqueando por completo la lucha contra el narcotráfico en el País y al invertir la carga de la prueba los empresarios quedarán sometidos a un interminable desgate judicial para demostrar la viabilidad de sus proyectos. Un escenario perfecto para que nadie vuelva a traer sus recursos a Colombia.
Por si fuera poco, quizás la mayor mentira que sostienen quienes defienden el tratado es sostener que este detendrá las agresiones contra los defensores del medio ambiente y será el gran salvador de su integridad. Nada más alejado de la realidad. Las condiciones de seguridad no dependen de la ratificación de un tratado que mutila la soberanía nacional, sino del ejercicio de la legitima autoridad del Estado contra la delincuencia.
Sin embargo, lo que sí pasaría es que al quedar incorporado en el bloque de constitucionalidad una protección especial a los líderes ambientales el Estado, por un lado, terminaría obligado a otorgar esquemas de seguridad a cualquier sujeto que se identifique como tal y, por otro lado, quedaría expuesto a un sinfín de demandas que desangran el presupuesto nacional.
Por estas razones es que no se entiende por qué el Gobierno volvió a radicar el proyecto que solicita la ratificación del tratado. De hecho, el ejecutivo en vez de alborotar el avispero radicando iniciativas que encienden las alarmas en los inversionistas y le genera un nuevo dolor de cabeza al sector productivo del País, debería preocuparse por sacar adelante la reglamentación de la consulta previa. Un proyecto que pareciera haber quedado en el olvido a pesar de ser realmente clave para limitar los excesos que ocurren con la aplicación de esta figura y atraer flujos de capital que hagan posible la construcción de infraestructura que tanto se necesita en Colombia.
Publicado: noviembre 3 de 2021
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