Después de largos meses y de exceso de garantías para las supuestas víctimas, se retoma la diligencia de preclusión del presidente Uribe, procesado en el marco de un montaje criminal urdido y ejecutado por el senador de las Farc Iván Cepeda Castro, conocido en el mundo del hampa con el alias de ‘Don Iván’.
Que nadie se llame a engaños. El país está presenciando un espectáculo con claro contenido político. El propósito de los enemigos del expresidente es el de llegar a las elecciones con él enredado en un proceso judicial que no tiene sentido ni lógica algunas.
Se exige garantías, pero para el investigado. No es posible que una audiencia de preclusión sea sometida a tantas dilaciones por parte de quienes se hacen ver como víctimas. La exposición detallada de los hechos que realizó hace un par de meses el fiscal encargado, Gabriel Ramón Jaimes Durán no dejan espacio para las hesitaciones: el presidente Uribe no cometió el delito por el que fue investigado y encarcelado por la sala de instrucción de la corte suprema de justicia, en un caso que fue impulsado por dos sujetos siniestros como efectivamente son José Luis Barceló y el cuestionado contratista de Santos, Cesar Augusto Reyes Medina, conocido de autos por sus abusos y arbitrariedades.
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Álvaro Uribe ha sido sometido a la peor de las infamias. A lo largo de su vida pública y privada ha procedido con total honradez, verticalidad y transparencia. En el expediente no se encuentra un solo indicio que permita creer que él procuró sobornar a un testigo para que declarara en contra del senador de las Farc Cepeda.
Todo lo contrario. Lo que queda claro, a la luz de las evidencias, es que Cepeda hizo hasta lo imposible para que distintas personas mintieran contra el exmandatario colombiano, señalándolo de la comisión de conductas ilegales en las que jamás participó.
Pagos de dinero a través de ONG controladas por el congresista comunista, ofrecimiento de beneficios penitenciarios y el trámite de asilos políticos en otros países, es lo que ha quedado evidenciado, razón por la que oportunamente el fiscal Jaimes Durán compulsó copias para que la corte suprema investigue a Cepeda Castro, investigación que desde ya puede advertirse no llegará a ningún lado habida cuenta del maridaje inaudito que el alto tribunal tiene con ese peligroso parlamentario, cerebro de los peores y más asquerosos montajes judiciales de que haya memoria.
La defensa de Uribe es la defensa de la democracia y de la libertad. Quienes creen en él, que es la mayoría del pueblo colombiano, tienen el deber de ejercer como veedores morales del proceso que se adelanta en su contra, respetando la independencia de la juez que preside la audiencia, pero exigiendo celeridad en el procedimiento.
No puede seguir rondando en el ambiente la insoportable sospecha que muchos tienen en el sentido de que este sainete busca perpetuarse indefinidamente para hacerlo coincidir con las trascendentales elecciones venideras.
En repetidas ocasiones, Uribe ha manifestado que se mantendrá al margen del certamen político, asegurando que su presencia afecta a los aspirantes que alguna identidad política puedan tener con él. En eso, hay que decirlo, el presidente está equivocado. Ahora, más que nunca, es necesaria su intervención. Sus propuestas, ideas y planteamientos son más necesarios que nunca, pues la amenaza que se cierne sobre la democracia colombiana requiere ser enfrentada con el apoyo de quien, sin lugar a dudas, es un campeón de la democracia. Quienes quieren acabar con Álvaro Uribe, tendrán que hacerlo en la arena electoral, con propuestas y planteamientos mas no con asquerosos montajes que en vez de aplacar a sus seguidores, los llena de bríos para seguir confiando en él. Valga entonces ratificar la consigna de ‘todos con Uribe’.
Publicado: octubre 4 de 2021
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