No la tienen fácil los terroristas de las Farc a los que Santos favoreció con una amnistía de facto, la cual tiene vigencia solamente en Colombia donde opera la jurisdicción de ese tribunal macabro denominado JEP.
El grueso de los cabecillas de ese grupo criminal tiene cuentas pendientes con las justicias de otros países, como Estados Unidos y Paraguay en el caso puntual de Rodrigo Granda, conocido como el “canciller de las Farc”.
Desde hace más de una década distintos tribunales norteamericanos reclaman a miembros de la guerrilla de las Farc, contra quienes hay investigaciones -no prescriptibles- por delitos gravísimos como secuestro, asesinato, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y lavado de activos.
Granda, por ejemplo, además del requerimiento paraguayo, está en la mira de las autoridades norteamericanas desde el año 2006 cuando el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, lo incluyó en la denominada “lista Clinton”.
En efecto, el 28 de septiembre de 2006 el Departamento de Justicia emitió una comunicación en la que anunció la apertura de investigación contra “9 líderes y personas clave de las Farc”. Se trata de un proceso enmarcado en la ley cabecillas extranjeros involucrados en narcotráfico -Kingpin Act-, norma aprobada por el congreso de los Estados Unidos en el año 2000-.
Granda fue incluido en esa acusación por su condición de representante internacional de las Farc y, en consecuencia, por prestarse para favorecer operaciones de tráfico de drogas lideradas por otros cabecillas de ese grupo como alias Andrés París, Gentil Duarte, Pastor Alape y John 40, entre otros.
Cabe destacar que el ahora jefe máximo de esa estructura, Rodrigo Londoño alias Timochenko también es requerido por la justicia americana para que responda por múltiples delitos. Sobre él pesa una recompensa de 5 millones de dólares.
Luego del episodio de México, país cuyo gobierno prefirió prestarse para garantizar la impunidad de Granda al desconocer flagrantemente la circular roja de Interpol emitida por el Estado Paraguayo, la JEP volvió a estar en el ojo del huracán. Resulta inadmisible que ese tribunal permita que criminales de altísima peligrosidad, cuya participación en crímenes atroces en otros países está más que comprobada, viajen por el mundo con total libertad.
Esa autorización, además de impresentable, es un desafío a las víctimas, como sucede particularmente con la familia Cubas que desde el secuestro y asesinato de Cecilia -crimen cometido en 2015- vienen exigiendo que el determinador, Rodrigo Granda, sea llevado ante la justicia.
Las pruebas de la participación de ese sujeto en ese hecho está ampliamente documentada. Fue él quien dio los lineamientos para que comunistas paraguayos procedieran a secuestrar y enterrar viva a la hija del expresidente Raúl Cubas, crimen que estremeció al mundo entero por el salvajismo con el que procedieron los autores del mismo.
La JEP dice que no tiene competencia para investigar hechos ocurridos en otros países. Pero del mismo modo, ese tribunal tendrá que explicar porqué se hace el de la vista gorda frente a la extradición de Granda a Paraguay. ¿Acaso lo que le sucedió a Cecilia Cubas fue un “altruista” acto revolucionario?
Lo cierto es que la justicia cojea, pero llega. Los arrogantes e impunes criminales de las Farc tarde o temprano terminarán pagando por sus actos de ferocidad y barbarie, ya sea en Colombia -cuando se acabe de una vez por todas esa sombría entidad encubridora llamada JEP- o en otras latitudes. La larga mano de la justicia tendrá que atrapar a esos salvajes que tanto daño le hicieron a la humanidad.
Publicado: octubre 25 de 2021
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