Cuando ocurrió la contingencia de Hidroituango, en abril de 2018, muchos energúmenos de las redes sociales clamaban por el estallido de la presa y el advenimiento de una catástrofe que los paisas nos tendríamos merecida por «paracos, mafiosos y corruptos». Mientras tanto, Juan Manuel Santos, el Presidente de los colombianos, hacía gala de su perversidad al abandonar a Antioquia con el problema diciendo, palabras más, palabras menos, que ‘los antioqueños eran los dueños de Hidroituango y ellos verían qué hacer con eso’. Pues bien, ahora es la Contraloría la que perpetra las hostilidades.
A diferencia de lo que muchos creen, en Hidroituango ni ha habido corrupción ni se han perdido dineros públicos. Sírvase imaginarse el lector, que trabaja como conductor de una camioneta perteneciente a una entidad pública y un día cualquiera, al dirigirse a recoger unos funcionarios, pierde el control del vehículo y se estrella en una curva peligrosa dando como resultado pérdida total. Agréguese que no violó normas de tránsito, no estaba bajo los efectos del alcohol u otras drogas y presentaba condiciones normales de salud.
¿Será ese accidente fruto de la corrupción? ¿Será posible acusar de corruptos, por culpa de un accidente, al conductor, a sus jefes o a los funcionarios que moviliza? Alguien podría decir que el conductor del vehículo actuó con cierta imprudencia al «acelerar» más de lo razonable para recoger a los funcionarios a tiempo, pero eso no califica como un espolio al erario, como sí lo sería robarse gasolina de la camioneta o usarla para asuntos personales.
Además, es probable que ese siniestro tampoco suponga pérdida de dineros públicos porque, por lo general, esos bienes están asegurados. Solo en un caso muy raro, las aseguradoras se abstendrían de pagar un accidente que, por grave, no deja de ser común. Hace poco, las pestíferas redes sociales acusaban al presidente Duque de comprar un helicóptero para la Presidencia en plena crisis social. Pero resulta que, por esa aeronave, un Leonardo AW-139 de fabricación italiana, no se pagó un peso; su compra fue cubierta por la póliza del seguro del helicóptero presidencial Bell 412 que se estrelló en Albán (Cundinamarca) en 2019, dejando seis tripulantes fallecidos.
En Hidroituango pasa lo mismo. Cualquiera puede investigar en internet y comprobar que los accidentes y problemas constructivos son comunes en este tipo de obras que, por lo riesgosas, constituyen verdaderos desafíos a la ingeniería. Y si el informe de una reputada empresa extranjera (la noruego-chilena Skava) certificó que la contingencia de Hidroituango se debió a una situación fortuita en la que no hubo dolo ni se configuró un acto de corrupción, y la aseguradora Mapfre está pagando la póliza con base en ese argumento, ¿qué hace la Contraloría profiriendo un fallo de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos contra 26 personas jurídicas y naturales?
La Contraloría General de la República es una de esas entidades oficiales altamente politizadas que no le prestan mayor servicio al país. Un desangre que nos cuesta más de un billón de pesos al año (exactamente 1.075.910.164.124 pesos para 2021), sin que eso signifique un aporte fundamental para la salud de la nación. Por el contrario, la Contraloría no es más que un antro de clientelismo donde medran los políticos tradicionales y de donde se lucran a través de puestos y contratos para sus recomendados. Pero, ¿qué sabe de alta ingeniería, de construir presas, de generación de energía? Nada, sus conceptos no son técnicos sino políticos, carentes de toda idoneidad.
De hecho, es cuando menos curioso que en el informe sobre Hidroituango no se mencione por parte alguna que hubo hechos de corrupción, pero que aun así se profiera un fallo que va a ocasionar daños más graves que los pretende corregir o castigar, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: la quiebra de 9 empresas de ingeniería de las más importantes del país, con nefastas secuelas para todo el gremio; el cambio de constructores de la obra, que tardaría por lo menos un año en reiniciarse (léase dos o tres) con los consecuentes perjuicios económicos por el nuevo retraso de la entrada en operación de la central y el riesgo que supone un prolongado funcionamiento del vertedero, el cual no estaba diseñado para eso; el cambio de posición de la aseguradora Mapfre, que dejaría de pagar por los daños ocurridos y el lucro cesante, y hasta reclamaría los 350 millones de dólares que ya ha pagado; y el debilitamiento de la posición de EPM para enfrentar las demandas por 10 billones de pesos que le han sido instauradas por los supuestos daños causados aguas abajo donde el río destruyó un puente peatonal y unas cuantas casas humildes, sin pérdida de vidas humanas. Todo eso sin preguntarnos de dónde va a sacar el país la energía que espera de Hidroituango en el corto plazo, que no se remplaza con unos cuantos paneles solares y unos molinos de viento.
En verdad, esto parece un plan para desestabilizar a Antioquia dándole un golpe demoledor que causaría tantos estragos para el país, que podría decirse que, en materia de lucha contra la corrupción, constituye una victoria verdaderamente pírrica; otra de esas y quedamos en la ruina y sin la energía que el país necesita.
Publicado: septiembre 21 de 2021
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