Durante la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, cerebros del famoso robo de los $70 mil millones de pesos del anticipo que recibieron por el contrato que celebraron con el Ministerio de TIC’s, quedó perfectamente establecido que esos sujetos lideraron, desde el comienzo, una vulgar operación criminal.
A lo largo de la diligencia, la fiscal encargada de imputar los delitos de falsedad y fraude procesal aseguró que los delincuentes capturados indujeron a error a los funcionarios del Ministerio, a través de la presentación de documentos falsos, como las pólizas de cumplimiento que presentaron con el membrete del banco Itaú.
La falsedad fue de tal tamaño que cuando se descubrió que las pólizas eran espurias, los delincuentes trataron de enmendar el error buscando desesperadamente que el banco les emitiera unas garantías reales, propósito que no lograron.
Lo cierto es que con las primeras evidencias exhibidas por la valiente fiscal que lideró la diligencia, queda plenamente establecido que el cerebro de toda la operación delincuencial fue el delincuente Emilio Tapia, cuya captura era fundamental. Ese sujeto es un verdadero peligro para la sociedad. A pesar de la condena que en su momento le fue impuesta por el carrusel de la contratación es evidente que no escarmentó y que se trata de un criminal nato que no desaprovechará ninguna oportunidad para robar dinero público.
En el pasado, Tapia fue un “consentido” de la fiscalía general. Cuando fue capturado por el desfalco a Bogotá, celebró un generoso acuerdo con el cuestionadísimo fiscal de la época Juan Vicente Valbuena que redundó en una sanción penal benigna a pesar de la gravedad de los delitos que cometió y de los miles de millones de pesos que se robó y que, por supuesto, jamás devolvió.
La justicia ya empezó a tocar a algunos de los particulares que participaron en el atraco a las arcas públicas. A pesar de que las autoridades -ministerio de TICs, fiscalía y contraloría- emprendieron las acciones expeditas para recuperar los $70 mil millones de pesos robados, es fundamental que los responsables paguen por el brutal crimen que cometieron y que, no puede soslayarse, fue denunciado por la exministra Karen Abudinen. Gracias a que ella descubrió y denunció las irregularidades, hoy esos individuos se encuentran a buen recaudo de los organismos penitenciarios del país y a la espera de que se resuelva si se les impone o no una medida de aseguramiento.
Pero hay más involucrados y sus nombres deben ser conocidos por la opinión pública y, por supuesto, por la justicia. Debe dilucidarse cuál fue el verdadero papel del polémico abogado Jorge Pino Ricci y el de su hija Mónica en todo este negociado. ¿Fueron abogados o socios de la cuestionada unión temporal?
Otro capítulo fundamental de este entramado de corrupción es el de los políticos, particularmente los congresistas que pueden estar involucrados en el saqueo. En su carta de renuncia al ministerio, la doctora Abudinen hizo referencia a los “protectores políticos” de los empresarios corruptos. En los pasillos de la fiscalía, desde hace varias semanas, se vienen mencionado los nombres de unos parlamentarios, miembros del partido liberal. ¿Qué hay de cierto en todo ello?
A los corruptos se les aguó la fiesta. Creyeron que iban a poder apropiarse de los dineros públicos con total impunidad. Jamás se imaginaron que iban a ser evidenciados ni mucho menos sentados sobre el banquillo de los acusados. Y lo que hoy está viendo el país, así muchos se resistan a reconocerlo, es fruto de la verticalidad con la que obró quien hasta hace poco fuera ministra de TICs.
Publicado: septiembre 22 de 2021
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