El debate de moción de censura que tendrá lugar en la Cámara de Representantes en contra de la ministra de TIC, Karen Abudinen, es un monumento a la falta de sentido común por parte de los convocantes al mismo.
La extrema izquierda colombiana, ciega, irreflexiva, carente de sentido común se frota las manos pensando en la opción de defenestrar a una ministra honrada, trabajadora y que fue víctima de unos empresarios corruptos y tramposos que intentaron robarle una abultada suma de dinero a la nación.
Hay que repetirlo insistentemente: fue la ministra Abudinen quien descubrió la falsedad en las pólizas presentadas por el consorcio ‘Centros Poblados’. Fue ella la que tomó la decisión en un tiempo record de iniciar y ejecutar la caducidad del contrato, a pesar de las miles de presiones que recibió para que autorizara una cesión del mismo.
Abogados poderosos e intimidantes como efectivamente es el señor Jorge Pino Ricci -que en el pasado fue representante de los hampones que participaron en el saqueo a Bogotá- han tratado de amedrentar a la ministra. Ella, ha permanecido firme en su determinación de recuperar las platas robadas. Decretó embargos por cerca de $80 mil millones de pesos.
Es evidente, así mismo, que hay funcionarios del ministerio que participaron en el ilícito. Por eso, la propia ministra le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que iniciara las indagaciones contra los contratistas ladrones, pero también en contra de los empleados de su cartera con el fin de que todo aquel que haya metido sus manos en este asqueroso acto de corrupción, termine en la más de las ignominiosas prisiones.
Entonces, ¿qué es lo que la oposición quiere reprocharle a Karen Abudinen? ¿Pretenden censurarla por diligente, transparente y vertical en la lucha contra la corrupción? ¿Quieren sacarla de su cargo por haber sido quien identificó el saqueo que sufrió el erario?
Muchos hablan de la responsabilidad política. Y repiten como loras que esa es la razón por la que la ministra debe salir de su cargo. Oceánica equivocación. En este caso, la responsabilidad consiste en culminar la labor emprendida. Nadie mejor que ella para desmontar el entramado que erigieron los hampones del consorcio ‘Centros Poblados’ y nadie mejor que ella para impulsar las medidas administrativas y penales contra los involucrados, dada su insoslayable condición de víctima.
El camino fácil que hubiera podido adoptar la ministra de TIC es el de la renuncia. Da un paso al costado, se extrae de los cuestionamientos que le han hecho, de los insultos que profieren en a través de las redes sociales, de las infamias y temeridades que se han dicho en su contra, muchas de ellas denigrando de su condición de mujer y le deja el problema a sus sucesor. Una decisión en ese sentido sí que hubiera sido merecedora de todos los reproches posibles.
Ella, valientemente, se ha mantenido. Al final del día es una cuestión de honor. Quien no ha cometido delitos ni indelicadezas, tiene la obligación moral -y también política- de defender su argumentos cueste lo que cueste.
Así que el país está no ante un cuestionamiento político, sino ante un debate canalla, miserable y puerco convocado por la oposición neocomunista. Seguramente, la ministra en su intervención dejará sin piso los señalamientos que se le han venido haciendo.
Publicado: septiembre 1 de 2021
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