No es una amenaza sino una notificación. Si llega al poder, Petro -sin facultades para hacerlo- hará meter a la cárcel al presidente Duque. Así como suena.
Esa noticia no tiene porqué sorprender a nadie. El talante brutal del jefe socialcomunista colombiano, ese mismo que expropiará indiscriminadamente a quien se le venga en gana, permite dar por sentado que un gobierno suyo redundará en persecuciones indiscriminadas contra todo aquel que se le oponga, como hace el dictador nicaragüense Daniel Ortega.
En entrevista con el diario español El País, Petro aseveró mentirosamente que el presidente Iván Duque es responsable de crímenes de lesa humanidad, razón por la que “indudablemente”, dice Petro, él respaldaría un enjuiciamiento del actual mandatario de los colombianos. Increíble que la sindicación provenga de un sujeto que hizo parte y lideró a un grupo terrorista que estuvo incurso en crímenes de lesa humanidad.
Petro tiene el objetivo de acceder al poder para ajustar cuentas contra sus rivales políticos, entre ellos, por supuesto, los expresidentes de la República.
Colombia tiene una falencia normativa muy delicada, pero que puede ser enmendada: la falta de seguridad jurídica de sus exmandatarios. Efectivamente, los presidentes de la República gozan de fuero por las actuaciones relacionadas con su mandato, pero no están protegidos constitucionalmente por hechos anteriores ni posteriores, lo que abre un boquete para que, a través de montajes, puedan ser perseguidos con base en procesos judiciales prefabricados.
Se parte de la base elemental de que quienes ocupan la primera magistratura de la nación son personas honorables cuya dignidad debe ser protegida por el Estado. El fuero no es una patente de corso ni una inmunidad. Con él, se logra que los presidentes, cuando cometen algún delito, sean sometidos a un enjuiciamiento de tipo político en el Congreso de la República, corporación que, de hallarlos “responsables” de los hechos imputados, declara la indignidad, procediendo a remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia, donde se adelantaría la investigación y juzgamiento penal.
A finales de los años 50 del siglo pasado, el Congreso adelantó un antejuicio político contra el exdictador Gustavo Rojas Pinilla quien fue vinculado a un caso relacionado con el contrabando de unas cabezas de ganado, hecho que ocurrió durante el tiempo en que ese oficial ejerció el gobierno nacional.
Luego de un proceso que duró poco menos de 8 meses, el Congreso concluyó que Rojas efectivamente era responsable, razón por la que el sumario le fue entregado a la corte suprema, tribunal que años después -1963- consideró que no había pruebas en contra del dictador y procedió a decretar el respectivo sobreseimiento.
Proteger la dignidad de los presidentes significa, ante todo, defender la estabilidad de la República. Sería una involución democrática que Colombia entrara en peligroso terreno de encarcelar a sus expresidentes -como ya ocurrió en el caso de Uribe- con fundamento en procesos judiciales cargados de irregularidades, y en los que se nota a leguas el trasfondo político de los mismos.
Si algún presidente, antes, durante o después de su mandato viola la ley, terminará respondiendo política y penalmente por los hechos ocurridos, pero cumpliendo unos procedimientos rigurosos mas no eternos. De nuevo: el proceso contra el general Rojas Pinilla se surtió rápidamente en el Congreso con fundamento en las evidencias que los legisladores tenían respecto del contrabando de 180 cabezas de ganado, pruebas que en criterio de la corte suprema no tenían la fuerza suficiente para emitir una sentencia condenatoria.
Bueno sería que el gobierno del presidente Duque, en estos últimos meses que le resta al cuatrienio, presentara el respectivo proyecto de acto legislativo y liderara la discusión y análisis sobre un asunto que es urgente e impostergable, sobre todo en momentos como los actuales cuando la amenaza comunista y dictatorial se cierne sobre el país.
Publicado: septiembre 21 de 2021
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