Colombia es un País donde cada dos años en promedio se hace una reforma tributaria. Por lo general, nunca para disminuir impuestos, sino para aumentarlos de forma tal que cubran un gasto público descontrolado que difícilmente baja y siempre tiene más demandas.
Sin embargo, lo que ha pasado en el Gobierno Duque ha sido realmente excepcional. Asumió la Presidencia con una tributaria bajo el brazo, quizás la primera en mucho tiempo en reducir los impuestos corporativos y crear incentivos para aumentar la generación de empleo y recuperar el crecimiento económico que venía en picada desde 2014.
No obstante, la Corte tumbó la reforma por errores de procedimiento y el Ministerio de Hacienda tuvo que volverla a radicar en el segundo año. Después, llegó la pandemia, la Nación terminó debiendo hasta la risa y casi medio País quedó sumido en la pobreza. De nuevo, el País necesitaba una nueva tributaria, pero esta vez por partida doble.
La primera, obra y gracia de Alberto Carrasquilla, fue un absoluto fracaso. Quizás respaldada por criterios técnicos pero completamente inviable desde el punto de vista político, sirvió como la excusa perfecta para que estallara un paro que se venía gestando desde antes de las cuarentenas. Durante mayo y junio la producción del Valle del Cauca quedó destruida, varios Departamentos quedaron incomunicados y el Portal Américas se convirtió en el nuevo Bronx de Bogotá.
Además, el País perdió el grado de inversión que había recuperado en 2011, el dólar se disparó aún más y los mercados entraron en pánico durante varios días. El caos total.
Por eso, el Gobierno tuvo que arrancar desde cero, corregir la torpeza de haber presentado una tributaria sin consultarla con los partidos y estructurar una solución rápida y a corto plazo que permitiera enviarle un mensaje de tranquilidad a los acreedores de la Nación y terminar de financiar los programas sociales que se crearon el año pasado y que han permitido contrarrestar el impacto económico que se trajo la pandemia.
La respuesta fue la Ley de Inversión Social. Un proyecto que bajo el liderazgo del Ministro Restrepo y coordinadores ponentes como Nicolás Pérez logró articular un consenso pocas veces visto entre empresarios, Gobierno y Congreso para financiar la extensión del Ingreso Solidario, el subsidio a la nómina, crear incentivos para la generación de empleos, hacer realidad la matrícula cero y empezar el camino hacia el ajuste fiscal que necesita el País.
Lo más importante es que no se crearon nuevos impuestos para la clase media ni las personas naturales, sino que los ingresos adicionales que enriquecerán las arcas de la Nación provendrán del bolsillo de las medianas y grandes empresas, de un ahorro en gastos innecesarios y de una lucha contra la evasión de impuestos, ese cáncer que carcome a Colombia de manera paralela a la corrupción.
Una decisión correcta que responde acertadamente a las circunstancias actuales del País y no juega con candela a menos de un año de las elecciones presidenciales.
Publicado: septiembre 17 de 2021
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