Es importante que las autoridades encuentren y pongan en conocimiento de la sociedad los nombres de todos y cada uno de los socios que hacen parte de la empresa criminal que resultó ser el tristemente célebre consorcio Centros Poblados.
Lo cierto es que dicho entramado se ha hecho asesorar por exfiscales y abogados que participaron o tuvieron algo que ver con el escándalo saqueo a la capital colombiana, conocido como ‘el carrusel de la contratación’.
Es evidente que algunos protagonistas de ese atraco a la ciudad se han tratado de reencauchar en la contratación pública a través de su participación en el malhadado consorcio. Emilio Tapia, que recientemente envió una comunicación al periódico El Tiempo diciendo que él nada tiene que ver en ese caso, tiene un problema monumental a cuestas: sus propios compinches, en acercamientos con abogados y autoridades han entregado las evidencias de su participación en el consorcio, del que también hacen parte o asesoran los condenados Inocencio Meléndez y Miguel Ángel Moralesrusi.
Llama la atención que entre el equipo de abogados contratados por Centros Poblados se encuentran dos exfiscales que – ¿paradójicamente? – hicieron parte de las investigaciones contra el ‘carrusel de la contratación’: Ricardo González y Mario Iguarán. Las vueltas que da la vida, sus otrora investigados, ahora son sus clientes.
Pero hay otro nombre: Jorge Pino Ricci, un abogado externadista especializado en derecho Administrativo y experto en asuntos relacionados con la contratación estatal. Pino es un sujeto hábil que asesora jurídicamente a cientos de entidades públicas y cuyo nombre fue clave en la investigación que en su momento se adelantó contra los corruptos hermanos Nule, cerebros del desfalco a la capital colombiana durante la alcaldía de Samuel Moreno.
Concretamente, en su momento, Pino Ricci fue señalado por haber favorecido a los Nule con un contrato multimillonario con el ICBF, contrato que por supuesto no se ejecutó a cabalidad.
Quienes lo conocen, aseguran que se trata de un abogado maniobrero que ha hecho fortuna asesorando desde humildes alcaldías hasta grandes entidades estatales y, por supuesto, a contratistas inescrupulosos que ven en el erario una mina de oro a la que se le puede extraer sus recursos sin recato de ninguna naturaleza.
Su firma tiene un historial extenso. Ha asesorado a cientos de entidades públicas como la gobernación de su natal departamento del Huila, la agencia logística de las Fuerzas Militares, FINAGRO, INCODER entre muchísimas otras.
Tan pronto la ahora exministra de TIC’s Karen Abudinen descubrió las falsedades e irregularidades de Centros Poblados y tomó la determinación de iniciar el proceso de caducidad del contrato en cuestión, Pino Ricci salió como un miura a defender al consorcio, realidad que en principio no es sospechosa, pues aquella es la función de cualquier abogado: velar por los intereses de sus clientes. Para nadie es secreto que Centros Poblados participó en la famosa licitación para saquear al Estado y es evidente que, al verse descubiertos por quien fuera la ministra, iban a defender su botín. Para ello delegaron su vocería en Pino Ricci.
Pero distintas versiones de personas que conocen las entrañas de ese consorcio delincuencial coinciden al decir que el papel de Jorge Pino no es solo el de abogado, razón por la que las autoridades deben determinar si él, de manera directa o a través de un tercero, tiene participación en dicho consorcio.
En su firma, denominada Pino Ricci Abogados trabaja su hija María Mónica de Jesús Pino Solano, también egresada del Externado y que se presenta a si misma como experta en banda de inversión territorial.
La pregunta que deben absolver los investigadores y el propio Jorge Pino Ricci es: ¿La señora María Mónica Pino Solano tiene alguna participación accionaria en el consorcio Centros Poblados? ¿Ella ha recibido parte de los $70 mil millones de pesos del anticipo? ¿Jorge Pino es propietario de un apartamento en el exclusivo en la exclusiva isla de Key Biscayne en Miami?
Lo cierto es que la verdad debe conocerse y parte de ella consiste en saber cuál es el verdadero papel de Pino Ricci en todo este escándalo empezando por dilucidar si él es abogado o socio de ese consorcio.
Publicado: septiembre 17 de 2021
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