Justa y merecidísima la condena que la corte suprema le impuso al corrupto exmagistrado Gustavo Malo Fernández, miembro del denominado ‘Cartel de la Toga’ vergonzosa estructura delincuencial que operaba desde las más altas esferas de la justicia colombiana y que dedicaba a cobrar astronómicas sumas de dinero para favorecer a políticos investigados por distintos delitos.
Malo pasará los próximos 9 años y 10 meses en una cárcel, compartiendo celda con otro de sus compinches, el también exmagistrado y expresidente de la corte suprema, Francisco Javier Ricaurte quien es señalado de ser el “fundador” y gestor del ignominioso cartel.
Pero ellos no son los únicos que participaron en ese entramado criminal. José Leónidas Bustos Martínez el favorito de Juan Manuel Santos a quien en su momento calificaron como el “magistrado de la paz” hoy se encuentra en condición de fugitivo, escondido aparentemente en Canadá donde, según se ha dicho, tramita una solicitud de asilo. Resulta inaceptable que un país que se dice amigo de Colombia, preste su territorio para proteger a un delincuente común que se valió de su poder e importancia en el interior de la justicia para vender sentencias, como si la rama judicial fuera un bazar.
Cuesta entender porqué no ha habido interés por parte de la corte suprema colombiana de solicitar que Interpol, a través de una circular azul identifique el lugar exacto en el que Bustos está escondido, como paso previo a una solicitud de extradición.
Pero el asunto no termina en Bustos. Muchos otros participantes de ese ‘Cartel’ han pasado de agache y, con cierta habilidad, han logrado mantenerse por fuera del radar de la justicia. Desde siempre se ha dicho que la sala penal de entonces, en la que había 9 magistrados, estaba mayoritariamente comprometida con esa operación al margen de la ley. ¿Por qué no se ha querido indagar sobre el proceder de otros magistrados como Hernández y Barceló? ¿Por qué no se ha hecho un estudio patrimonial de ellos?
Está muy bien que la justicia empiece a sancionar a los responsables, pero si efectivamente quiere depurarse y enviar una señal en el sentido correcto es menester que sus indagaciones vayan más allá porque, de nuevo, ese cartel fue mucho más grande de lo que hasta ahora se ha visto.
Así mismo, todos los beneficiarios de esa estructura tienen que ser expuestos y, cómo no, sancionados. Muchos dirigentes -casi todos ellos de la entraña santista- cuyas investigaciones fueron engavetadas o falladas a su favor están impunes. Nefando mensaje a la sociedad.
Debe, igualmente, otorgársele todas las garantías a uno de los articuladores del ‘Cartel de la Toga’ el condenado Gustavo Moreno Rivera quien en repetidas oportunidades ha manifestado que tiene mucho más por decir, pero que por motivos de seguridad no ha podido declarar. ¿Por qué tanto interés de que él no hable?
Lo cierto es que la condena contra Malo Fernández es un paso en el sentido correcto, pero que ésta no vaya a ser el punto final de la investigación contra el ‘Cartel de la Toga’. El país debe reclamar más investigaciones y más sanciones.
Publicado: agosto 17 de 2021
5
4.5