Era una práctica sistemática y generalizada. Los primeros casos, según se ha podido establecer, ocurrieron en la década de los años 60 del siglo pasado, casi que de manera concomitante al nacimiento de ese grupo armado ilegal.
Me refiero, como tantas veces lo he hecho en este espacio de opinión, al reclutamiento forzado de niños por parte de las Farc.
Las escenas se repitieron a lo largo y ancho de Colombia, durante décadas. Las cuadrillas guerrilleras llegaban a las casas de campesinos pobres -también hay registro de reclutamiento en zonas urbanas-, escogían a los niños y se los llevaban, a pesar de los ruegos de sus padres y del llanto desesperado de las víctimas.
Indolentes y desalmados, arrancaron a 18.677 niños del seno de sus hogares, para convertirlos en máquinas de guerra, en generadores violencia, en esclavos sexuales. Ellos, las Farc, decían que no era cierto. Que escasamente tuvieron poco más de 10 en sus filas y que todos respondían a casos de menores que huían de sus casas con el propósito de buscar cobijo en los campamentos guerrilleros, como si ellos fueran una guardería y no una de las bandas terroristas más peligrosas del planeta.
La cifra recientemente revelada, más que duplica la que hace algunos meses dio a conocer la Fiscalía General de la Nación y, claro, de muy poco servirá pues como es ampliamente conocido la JEP se limitará a imputársela a algunos miembros de las Farc que al final del día terminarán con una condena simbólica sobre sus hombros.
Insisto en la necesidad de que se garantice, además de verdad, justicia y reparación a las víctimas de ese delito que, debemos repetirlo hasta el cansancio, hiere el alma de la especie humana.
Los estándares internacionales para la sanción del reclutamiento forzado son rigurosos y claros. Tribunales como la Corte Penal Internacional y el Tribunal Penal Internacional para los Balcanes han despachado sendas sentencias condenatorias en contra de determinadores y ejecutores del reclutamiento de niños.
Colombia, y lo he dicho en múltiples oportunidades y escenarios, no puede ser inferior ni obrar de espaldas a sus compromisos que, en materia judicial, ha adquirido respecto del concierto de las naciones.
Por eso, resulta tan oportuna la sanción de la ley que fortalece las penas y sanciones económicas contra los responsables -en cualquier nivel- de reclutamiento forzado. Ahora, las penas se ajustarán a las que, por ejemplo, contempla el Estatuto de Roma.
Ahora bien: de nada sirve el endurecimiento del castigo penal, si la impunidad es rampante. Por eso, he invitado a que la Fiscalía General, la judicatura y demás se involucren de manera decidida en la lucha activa contra el reclutamiento de niños, tragedia que continúa azotando a nuestra sociedad. En 2020, hubo un incremento del 15% en el número de casos, respecto del año inmediatamente anterior.
De acuerdo con las cifras y análisis proveídos por Coalico -Coalición contra la Vinculación de Menores en el Conflicto Armado- hay casos de reclutamiento forzado en 21 de los 32 departamentos del país, arrojando la espeluznante cifra de 222 niños arrancados de sus hogares en 2020.
Hay regiones del país donde la situación es supremamente delicada como son Catatumbo y el Pacífico colombiano. Donde hay presencia de cultivos ilícitos, los niños están en grave, gravísimo riesgo.
Está en nuestras manos, como sociedad, darle la guerra definitiva al reclutamiento de menores. El primer paso, indiscutiblemente debe ser el de impedir que la impunidad siga cobijando a los responsables. Arranquemos por ahí.
Publicado: agosto 16 de 2021
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