Dice el adagio, que detrás de cada adversidad viene una oportunidad. Es evidente que el Huracán Iota, que con tanta dureza golpeó a San Andrés y arrasó a Providencia y Santa Catalina, trajo la oportunidad de redimir el archipiélago de la ruina, el olvido, el abandono y la ingratitud de los colombianos.
Al parecer, así lo ha entendido el Gobierno, que sigue haciendo de esta calamidad una oportunidad, no solo para reconstruir las Islas, sino para dotarlas de la infraestructura que nunca han tenido. El presidente Duque bien sabe, que la deuda que tiene Colombia con su Archipiélago, es enorme, cuantiosa y morosa.
Ojalá, que a San Andrés le haya llegado la hora de ponerse de pie, reivindicar su pasado, ordenar su presente y planificar su futuro. Pero para lograrlo, no basta la ayuda del Gobierno, se requiere la participación activa y actuante de sus pobladores y dirigentes, y en particular, de su comunidad raizal, la que antes que sustraerse, debe sumarse a la reconstrucción y al ordenamiento de la ínsula.
Es tiempo de sumar, reconstruir y planificar. No es tiempo de restar, obstruir y dificultar. Lo ocurrido debe seguir concitando la solidaridad nacional y motivar la revisión, ajuste y corrección del Plan de Reconstrucción, así como del diseño y adopción de un Plan Maestro de Desarrollo Integral y Sostenible del Archipiélago.
Si bien el Gobierno Nacional ha actuado de manera oportuna y diligente ante la emergencia que hoy se sigue afrontando, es necesario que la ejecución del llamado Plan de Reconstrucción sea objeto de profunda revisión y ajuste, no solo para atender y resolver los afanes, angustias y necesidades aún presentes de los isleños, sino para que las obras que se viene acometiendo, garanticen estabilidad presente y futura, y prevengan o al menos minimicen futuros riesgos.
El Departamento del Archipiélago de San Andrés con el apoyo de la nación, debe hacer de esta contingencia, la oportunidad para estructurar y materializar un programa de reordenamiento demográfico, territorial, económico y ambiental, que ponga fin a tantos y tan graves problemas que agobian a las Islas y sus habitantes.
Desde hace varios años se viene denunciado la corrupción rampante de la clase política que subyuga a sus residentes, así como de la de sus gobernantes, la mayoría de ellos, investigados y condenados por indelicadezas y abusos, sumado a la negligencia insuperable de los representantes de las agencias del Estado nombrados en las Islas, los que nada hacen por resolver el origen de los problemas y tan solo se limitan a hacer anuncios mediáticos para supuestamente abatir sus efectos y consecuencias.
Las Islas carecen de un estatuto de inmigración y están sobrepobladas; la infraestructura sanitaria y de servicios públicos es precaria, insuficiente y contaminante; los servicios de salud son primarios y poco confiables; la educación pública carece de exigencia y calidad, la red de comunicaciones es deficiente e intermitente; y, el desgreño de su hacienda pública es desvergonzada y visible.
Ojalá que Susana Correa, Gerente de la Reconstrucción del Archipiélago, no pierda la capacidad, la autoridad y la decisión para cumplir con solvencia y suficiencia tan exigente y delicado encargo, y que su labor supere las necesidades, esperanzas y expectativas de los atribulados habitantes de las Islas.
Susana Correa debe tener grandeza y no desconocer que es una forastera en las islas, y, por lo tanto, debe escuchar con respeto y atención la voz de sus pobladores, en particular, la de la comunidad raizal representada por el llamado Campamento de la Dignidad, que no busca nada distinto que recuperar la normalidad perdida en la vida de los isleños y la resolución de viejos problemas no resueltos.
El sector privado debería aprovechar esta infausta coyuntura, para restituirle al Archipiélago lo mucho que ha recibido de él y le ha contribuido a su prosperidad económica, y ojalá que la ayuda que brinden no sea episódica ni pasajera.
Tal y como hace unos meses lo señalé, las grandes empresas del sector privado, están en mora de sumarse a la reconstrucción y mantenimiento de varios lugares y establecimientos de uso público del archipiélago. Por ejemplo, qué bueno sería, que los grandes laboratorios farmacéuticos y proveedores de equipos médicos asumieran la reconstrucción y dotación del Hospital de Providencia; que las grandes cementeras y siderúrgicas suministraran cemento y acero a precios de costo durante la reconstrucción de las islas; que las fábricas de dulces y golosinas asumirán la reconstrucción, dotación y mantenimiento de escuelas, colegios y parques infantiles; que los bancos asumieran la reconstrucción, dotación y mantenimiento de los espolones, malecones y sitios turísticos; en fin, que las grandes empresas no solo donaran recursos, sino que además, asumieran un compromiso serio entre tanto se logra la reconstrucción de la infraestructura destruida y la normalización de la vida de los isleños.
Es lamentable recordar, que irónicamente, la fecha de ocurrencia de esta contingencia, coincidió con aquel 19 de noviembre de 2012, en que la Corte Internacional de Justicia mutiló y desmembró el Archipiélago mediante un fallo contrario a derecho, que violentó el ordenamiento jurídico Internacional, afectó derechos de terceros países, incurrió en incongruencia al conceder más y distinto de lo pretendido (ultra y extra petita), desconoció el principio Pacta Sunt Servanda, y, creó una extravagante jurisprudencia en materia de delimitación de aguas territoriales, y ante lo cual, el Presidente de la época, Juan Manuel Santos, guardó silencio quedando incurso en una omisión inexcusable en un gobernante que juró defender la constitución y la ley.
Es claro que ese espurio fallo, no se limitó a definir los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua al amparo del Tratado Esguerra-Bárcenas, sino que además, creó un nuevo mapa en el Caribe que perturbó su orden geopolítico, al comprometer derechos de terceros países no vinculados al litigio, con lo que la Corte violentó el Artículo 59 de su propio Estatuto, el que a la letra dice: “La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido.”
Hoy recuerdo, que, en su momento, Bernardo “Bibi´s” Britton, raizal y emblema de Haynes Cay me dijo: “El Gobierno Santos se quedó con los cayos y regalo el agua y su riqueza; ahora se vende en San Andrés pescado Basa cultivado en el Río Mekong de Vietnam y nos toca comprar el Pargo a Nicaragua.”
Como lo dije en su momento, todo fallo, sentencia o laudo merece respeto y acato, sin perjuicio a que las partes en contienda puedan interponer recursos cuando se profane el debido proceso o el derecho de defensa; el juzgador desconozca derechos o ignore hechos con valor probatorio; o, cuando abusivamente se arrogue potestades que no le competen. Esto último fue lo que hizo la Corte de la Haya y Santos no hizo nada.
Lo anterior suponía, que para que Colombia pudiera cumplir el fallo, debía modificar sus fronteras con otros países, lo que terminaría siendo una imposición también para ellos y este solo yerro hizo inejecutable el fallo.
Pero más grave resultó para la comunidad internacional, la aventurada doctrina que pretendió alterar los principios que rigen la delimitación de las áreas marinas adyacentes a costas y archipiélagos.
El daño que causó el fallo por razones ajenas al litigio, como son, desconocer derechos económicos sobre una zona en la que Colombia ejercía soberanía y posesión quieta y tranquila, es proverbial. En suma, el fallo causó un problema mayor al que pretendió resolver, y el Gobierno Santos y su pomposa Canciller nada hicieron.
Esta desgraciada coincidencia, debería aún más, exhortar al Gobierno y a todos los colombianos, a escuchar y atender las necesidades de nuestro Archipiélago en momentos en que aún persiste la incertidumbre y la desolación.
Si bien tenemos derecho a caernos, también tenemos obligación de levantarnos, erguirnos y reponernos ante el infortunio, máxime, si lo ocurrido fue consecuencia de la voluntad intemperante de la naturaleza.
Ojalá que pronto llegue la redención de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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