No queda duda ninguna de que el asesino, violador de niños y cabecilla de las Farc Carlos Antonio Lozada mintió cuando se adjudicó, contra toda evidencia, la muerte del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, crimen cometido el 2 de noviembre de 1995 en el norte de Bogotá.
El caso Gómez es, quizás, uno de los expedientes más voluminosos que tiene la Fiscalía General de la Nación. Estos casi 26 años de impunidad total han servido para que la familia del dirigente pueda recopilar evidencias y testimonios.
De la nada, un día cualquiera, Lozada salió con la inverosímil historia de que él había ordenado el magnicidio. Declaración que va en contravía de toda la teoría del caso que está sustentada sobre pruebas que son irrefutables. No hay duda ninguna de que al doctor Álvaro Gómez lo mandó a matar Horacio Serpa y es muy posible que en la determinación de ese crimen hayan participado el expresidente Samper y algunos miembros de su gobierno, principalmente personas relacionadas con los organismos de seguridad estatal.
Desde el mismo instante en que Lozada hizo la “confesión”, se encendieron todas las alertas. La familia de Gómez Hurtado se hizo presente ante la JEP con el fin de contrainterrogar al jefe terrorista quien patinó en su declaración. No dio mayores detalles y, lo más sospechoso de todo, no pudo referenciar los nombres de otros cabecillas de las Farc que pudieran confirmar su declaración. El grueso de los testigos y compinches que según él conocieron el plan, están muertos.
Pero sí mencionó a uno que pudo ser ubicado. Se trata del guerrillero Reynel Guzmán, alias Rafael Gutiérrez integrante del bloque oriental de las Farc, estructura en la que Lozada fungía como comandante.
Para Gutiérrez la confesión era absurda pues él nunca supo nada de ese crimen. Confrontó a Lozada que, como buen bandido, amenazó con matarlo si no corroboraba su versión.
Esa discusión fue grabada y la JEP ya tiene en su poder tanto la declaración de Gutiérrez como el audio. No hay duda entonces de que el genocida Lozada, que hoy ostenta una curul en el Senado, estaba mintiendo e induciendo a error a la JEP al presionar antiguos compañeros suyos para que soporten las falsas versiones y confesiones que él está ofreciendo.
Surge una pregunta elemental: ¿Por qué Carlos Antonio Lozada hizo la falsa confesión? Es claro que está prestándose para favorecer a alguien que teme que la justicia llegue algún día. Horacio Serpa murió sin responder por el crimen que, según poderosos capos del desaparecido cartel del Norte del Valle él ordenó ejecutar a través de su viejo socio de fechorías el también fallecido Ignacio Londoño Zabala, alias Nacho.
Queda Samper, el muy poderoso Samper que tanto se involucró en el proceso de La Habana y el que con tanto ahínco ha propugnado impunidad para las Farc. Los terroristas le deben mucho a él. Se trata de un pacto de hampones. Uno de los primeros políticos colombianos en aplaudir el nacimiento de partido de las Farc fue, precisamente Ernesto Samper.
En 2017, el expresidente liberal fue “invitado de honor” al primer “congreso nacional de las Farc”. El cabecilla de esa banda, alias Timochenko se encargó de presentarlo, rindiéndole toda la pleitesía del caso: “Tengo el privilegio de concederle la palabra ante este constitutivo del nuevo partido para un nuevo país”.
En medio de aplausos y vivas, Samper tomó el micrófono. Empezó su intervención diciéndole a Timochenko: “Gracias camarada”.
Claro que tenía mucho por agradecerles a sus camaradas que no dudaron un instante en hacerle el favor de salvarlo del atroz crimen de Álvaro Gómez.
El montaje les quedó mal hecho. Para sustentar la supuesta autoría echaron mano de un documento apócrifo que supuestamente es el diario de alias Tirofijo y en el que se hace una mención tangencial a ese asesinato.
Álvaro Gómez era una figura emblemática en la lucha contra la guerrilla. Él era el perfecto “enemigo de clase” de las Farc. No tiene sentido que Tirofijo hubiera planeado su ejecución sin reivindicarla como un “trofeo de guerra” y que, en cambio, lo hubieran conservado en absoluto secreto y que ninguno de los miembros del secretariado de ese grupo hubiera sido informado.
Pero hay otro elemento que no coincide. En su “confesión”, Lozada asegura que la acción fue ejecutada por la denominada Red Urbana Antonio Nariño, RUAN.
El crimen de Gómez ocurrió a finales de 1995, pero la RUAN fue creada en el año 2000 durante los diálogos del Caguán -gobierno Pastrana- cuando las Farc, en cabeza de alias Alfonso Cano lanzaron el denominado Partido Comunista Clandestino, PC3.
Difícil creer que un grupo criminal que surgió en el 2000 haya podido ejecutar un crimen en 1995.
Todas estas inconsistencias, mentiras, encubrimientos y amenazas fueron puestas en conocimiento de la JEP por parte de la familia de Álvaro Gómez. De acuerdo con el propio reglamento de ese tribunal, los postulados que mientan o que encubran la verdad perderán los beneficios y serán expulsados del sistema de justicia transicional. ¿Procederán contundentemente contra Lozada? ¿Pasarán por alto sus mentiras e inconsistencias? ¿No le darán importancia a las amenazas de muerte que lanzó en contra de un compinche suyo que no se quiso prestar para la farsa?
Publicado: agosto 19 de 2021
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