Una más de la JEP, tribunal ilegítimo que con sus acciones y procederes ratifica sobradamente las razones por las que la sociedad desconfía de esa entidad engendrada en La Habana.
La hipocresía y falta de coherencia de un sector de la sociedad colombiana son oceánicas. Reclaman desesperadamente que en el país haya paz política y que se supere el clima de crispación que se vive.
Ese es, en realidad, un llamado para que quienes se han opuesto al acuerdo con las Farc renuncien a sus ideas y se rindan ante las de ellos, algo impensable y absolutamente antidemocrático. Califican como enemigos de la paz a quienes cuestionan la ilegitimidad del acuerdo Santos-Farc, pero cuando esos millones de ciudadanos proponen ajustes para efectos de hacer el tan anhelado acuerdo nacional, de inmediato saltan como bestias feroces a proteger el entramado de impunidad que se erigió alrededor de la guerrilla terrorista.
La inequívoca y desafortunada realidad nos confirma que la totalidad de los magistrados de la JEP son activistas políticos de la extrema izquierda, al servicio de los intereses de las Farc. Se trata de sujetos grises, con antecedentes poco luminosos y, con contadísimas excepciones, con hojas de vida colmadas de máculas.
Ahora, el presidente de ese tribunal, Eduardo Cifuentes, ha dicho que la propuesta de amnistía general hecha por el presidente Uribe pretende acabar con el proceso de paz. Afirmación mentirosa que delata el sesgo e intransigencia de ese magistrado.
En ninguna parte de la iniciativa del exmandatario colombiano se mencionan los beneficios de los terroristas. Todo lo contrario: con ella -la amnistía general- se busca introducir un mínimo de equilibrio con el fin de llegar a una simetría, pues no es justo que los guerrilleros estén amnistiados de facto, mientras que los miembros de la Fuerza Pública sigan siendo tratados como los peores delincuentes, sin tener un tribunal especial, integrado por jueces imparciales que tengan la capacidad de establecer responsabilidades reales e impartir sanciones en igualdad de condiciones. Como bien lo dijo el presidente Uribe en días pasados: a iguales hechos, iguales consecuencias.
Flaco favor le hace el presidente de la JEP al propósito superior de encontrar la paz política que tanto necesita Colombia.
Los animadores del acuerdo con las Farc, continúan maltratando y burlándose de la mayoría ciudadana, esa misma que en el plebiscito de 2016 votó en contra del acuerdo. Ellos, arbitrariamente, cierran la puerta a cuanta iniciativa se presente con el fin de llegar a un acuerdo político que facilite superar la crispación que ha causado el robo de dicho plebiscito y la subsiguiente imposición de una entramado de normas y beneficios con los que fueron favorecidos los terroristas que, pasados 5 años, continúan gozando de absoluta impunidad.
Publicado: agosto 31 de 2021
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