El talante inquisidor de la Comisión de la Verdad salta a la vista. A esa entidad solo le importa legitimar una narrativa que convertirá en mártires a las Farc. El Ejército será equiparado al peor de los actores y la versión de la mitad del País quedará en el olvido. Sin duda, uno de los daños simbólicos más letales del acuerdo de La Habana.
Bajo la excusa de reconstruir las causas estructurales de la violencia, la Comisión terminará humanizando a los victimarios y satanizando a los agentes del Estado que combatieron el terrorismo y defendieron la institucionalidad.
Y es apenas lógico que eso suceda, la historia la cuentan los vencedores. En el nefasto proceso de La Habana las Farc no solamente impusieron un sistema de justicia transicional donde no van a pagar un solo día de cárcel, sino que también lograron que la mayoría de comisionados compartieran su visión de País.
El informe que presente esa entidad será mostrado como una verdad absoluta para las próximas generaciones, las cuales tendrán que estudiar por su propia cuenta la parte de la historia que no le interesa contar a los miembros de esa institución.
Y digo esto con tal crudeza porque no hay garantías de imparcialidad en esa Comisión. Solamente el 9.1% de los comisionados han trabajado como defensores de las víctimas de la guerrilla, mientras que el 54.5% han representado a las víctimas del Estado, el 27.3% han sido investigadores del conflicto y el 9.1% periodistas del mismo.
¿Dónde están los comisionados que representan a las Fuerzas Militares y a los demás agentes del Estado? No los hay. La Comisión de la Verdad es una entidad donde una ínfima minoría completamente desconectada de la sociedad ejecuta $116.000 millones anuales construyendo un relato que equiparará a la seguridad con las peores formas de violencia.
¿Acaso contará la Comisión en su informe que la entidad pudo existir gracias a una proposición a través de la cual las mayorías santistas en el Congreso desconocieron el resultado del plebiscito? ¿Detallará ese texto que el régimen de sanciones de la JEP les garantiza total impunidad a los máximos responsables de delitos atroces? ¿Expondrán los comisionados que las Farc no devolvieron los menores reclutados ni tampoco repararon económicamente a sus víctimas?
¿Relatará la Comisión que gracias a la seguridad democrática hubo 53.000 desmovilizados, 39.000 capturas, 13.000 abatidos, una disminución del 92% en los secuestros, una baja del 46% en los homicidios y una reducción de 169.000 a 48.000 hectáreas de cultivos ilícitos?
Al igual que debió haber sucedido con la JEP, era vital que el Gobierno modificara la composición de la Comisión de la Verdad para incluir comisionados que representaran la otra parte de la historia. Sin embargo, nada pasó. Esa entidad siguió funcionando como si el Centro Democrático nunca hubiera llegado al poder y culminarán su ciclo con un ataque letal a la moral de la institucionalidad. Uno de los errores más graves de esta administración que costará mucho trabajo remediar a lo largo de las siguientes décadas.
Publicado: agosto 18 de 2021
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