Ayer fue Plazas Vega, hoy es Mario Montoya. Los altos mandos del Ejército son crucificados en los estrados y la guerrilla posa impune desde el Congreso. Un desbalance inexplicable que mina por completo la moral de la tropa y pone de presente el inmenso riesgo legal al que se exponen los uniformados del País.
No sé cuántas veces en Colombia se vaya a repetir la misma historia. Mientras los guerrilleros se benefician de unas negociaciones con el Gobierno Nacional que les entregan total impunidad, los Generales de las Fuerzas Militares quedan sometidos por el resto de sus vidas a afrontar un sinfín de investigaciones con las que acaban con su reputación.
Durante muchos años el caso más icónico fue el del Coronel Plazas Vega. Después de haberle puesto la cara a uno de los momentos más oscuros de nuestra historia, terminó preso durante ocho años por culpa de un infame proceso con el que quisieron destruirlo. Al mismo tiempo, Gustavo Petro, Navarro Wolff y los demás desmovilizados del M-19 no pasaron un solo segundo tras las rejas e incursionaron en la política para posar de adalides de la moral.
Ahora el turno es para el General Mario Montoya. Mientras el secretariado de las Farc está sentado en el Capitolio completamente inmune al accionar de la justicia, el militar que hizo posible la operación jaque y el abatimiento de Raúl Reyes es acribillado por un aparato jurisdiccional que no brinda garantías.
¿Se le respeta su juez natural? No. ¿Cuenta la JEP con una sala conformada por miembros de las Fuerzas Militares? No, el Gobierno no se dignó a impulsar esa necesaria reforma. ¿Se respeta la reserva del proceso? No, los encargados de brindarle las garantías a las que cualquier persona tiene derecho son los primeros en filtrar segmentadamente la información a la prensa.
No conozco el proceso y no tengo la menor idea si serán ciertas o no las acusaciones en su contra. Sin embargo, lo que sí considero es que esa no es la forma de tratar a un General que le sirvió durante 40 años al Ejército y fue Comandante de la institución.
Si eso sucede con los altos mandos, ¿qué pueden esperar los demás miembros de la entidad? El riesgo legal al que están sometidos hoy en día los soldados y policías de la Patria es inmenso y el fuero penal militar no tiene todavía la fuerza institucional para contrarrestar la embestida de las ONG que caen como carroñeros buscando demandas para financiar su operación.
Lo peor de todo, es que el Estado ni siquiera se inmuta en brindarles acompañamiento en esos procesos. El que tiene recursos, contrata un abogado. El que no, queda a la deriva del fiscal y juez de turno. Una cruda realidad que priva al País de tener grandes soldados que prefieren retirarse de la institución antes que someterse a los interminables expedientes judiciales.
Bajo estas condiciones, el futuro de las Fuerzas Militares no puede ser más gris. Los terroristas son privilegiados por un Estado débil que prefiere arrodillarse ante la violencia, los Generales se convierten en fusibles que se queman uno tras otro y la moral de la tropa está por el piso. Solamente un Gobierno con verdadero carácter, que se enfrente al lobby de las ONG y los defensores de oficio del narcotráfico, será capaz de revertir esta nefasta situación, defendiendo sin cálculos políticos a los uniformados y sacando adelante las reformas que tanto se necesitan para devolverle la confianza a las Fuerzas.
Publicado: agosto 11 de 2021
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