Es un despropósito el derroche burocrático que Claudia López pretende hacer al ampliar de 20 a 32 las localidades de Bogotá en el POT. Una expansión absolutamente innecesaria que profundizará una estructura organizacional ineficiente, con duplicidad de funciones y propensa a constantes escándalos de corrupción que solamente sirve para alimentar la politiquería de barrio de la ciudad.
Si hay algo que se debería reformar de fondo en la capital es su diseño administrativo. El modelo actual fracciona la ejecución del presupuesto entre el Distrito y las 20 Alcaldías locales que, como mínimo, gestionan el 12% de los ingresos corrientes de la ciudad, aunque en la práctica ese monto asciende casi al 20%.
Esto significa que entre $1.2 y $2.1 billones provenientes de los impuestos de los bogotanos son contratados anualmente a través de unas Alcaldías locales que, sin importar los cambios de Gobierno, siempre terminan inmersas en problemas de contratación.
Por ejemplo, para 2021 a la Alcaldía Local de Suba se le asignó un presupuesto de $183.771 millones, monto superior en $15.673 millones a la totalidad de los recursos que tendrá bajo su cargo el Ministerio de Justicia para 2022. Una paradoja que demuestra el músculo financiero y político de estas estructuras.
No en vano las Alcaldías se han convertido en uno de los botines burocráticos más apetecidos, tanto por la posibilidad que brindan de contratar personal como por la ejecución de las millonarias partidas presupuestales que tienen a su cargo.
En este contexto, el problema de este modelo es que es completamente ineficiente para la ciudad. En últimas, bajo la excusa de tener un Gobierno cercano a la gente, se termina generando una duplicidad de funciones entre las Alcaldías locales y las entidades del Distrito. Un sin sentido gracias al cual los bogotanos deben sufragar los gastos de funcionamiento necesarios para que en las localidades se ejecute el 20% de los ingresos corrientes de la ciudad y en el nivel central de la administración el restante 80%, más los ingresos de capital y las transferencias.
¡Algo realmente absurdo!
Por eso, una verdadera modificación que reduciría costos y mejoraría la eficiencia en la ejecución del presupuesto sería la eliminación de las Alcaldías locales y la consecuente centralización de toda la operación pública de la ciudad en cabeza del nivel central del Distrito. Sin embargo, eso no solamente no ha pasado, sino que la administración de Claudia López planteó en el POT la posibilidad de ampliar de 20 a 32 el número de localidades que actualmente existen.
Una medida que no contribuirá en absolutamente nada a la solución de las problemáticas de la capital, pero que sí incrementará en un 60% los costos de funcionamiento necesarios para el sostenimiento de esta burocracia, la cual, además de los Alcaldes, incluye ediles, contratistas, funcionarios, arriendos, adquisición de bienes y servicios, etc.
Y aunque la defensa de López es que esta modificación entraría a operar a partir de 2027, lo cierto es que el legado de derroche burocrático que generará es imperdonable. En vez de luchar en contra de la politiquería que tanto dice aborrecer, la Alcaldesa terminará favoreciendo a las estructuras tradicionales que han hecho de las Alcaldías Locales su caja menor para financiar campañas.
Publicado: septiembre 1 de 2021
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