“En aras de discusión supongamos que sí, supongamos que a dedo, lo cual no está en los acuerdos, el Presidente de la República puede decirle a las Farc que tienen 8 o 10 cupos en la Cámara de Representantes durante uno o dos años, ¿es un precio grande para parar una guerra de 50 años?”
El anterior comentario es de Santos, el del Nobel, y lo soltó “sin querer queriendo”, en uno de los tantos encuentros que hacía sobre ideas para la paz, (agosto de 2015), advirtiendo que esos “cupos”, obviamente, serían adicionales a las 16 ya pactadas “circunscripciones especiales para regiones que han sido particularmente golpeadas por el conflicto” y que estarían destinadas a candidatos propuestos por diferente movimientos sociales, aunque, “dada la influencia de las Farc en muchas de esas organizaciones”, era muy factible que llegaran candidatos muy afines a ellos.
Ahora bien, si la mera “suposición” de unos “cupos”, cosa que según él, no figuraba en los acuerdos, nos dejó como resultado diez criminales de lesa humanidad entronizados, no solamente en la Cámara de Representantes, sino también en el Senado, y no por uno o dos años, sino por ocho, ¿qué podemos esperar de las tales Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP), que ahora les dio por llamar “curules para las víctimas”, cuando desde su concepción está prevista la posibilidad de que varias, podrían acabar en manos de los victimarios?
No nos llamemos a engaños, las 16 curules CTPP, que, además, fueron hundidas en el Congreso, durante la época del exótico mecanismo del “Fast Track” (engañoso artilugio usado para “enchufarnos” el Acuerdo de Paz que fue rechazado en las urnas), y que de manera extraña revivieron ahora, tanto el Consejo de Estado, como la Corte Constitucional, si se tiene en cuenta el concepto de algunos magistrados que hicieron salvamento de voto, con el argumento de que una tutela no es el medio judicial apto para revisar los yerros o las irregularidades en las que hubiera podido incurrir el Congreso de la República, serán, sin lugar a dudas, para las FARC, o sea, para los victimarios.
Esas curules tienen nombre propio, por eso en el dichoso acuerdo quedaron claramente definidas esas zonas que han sido y siguen siendo de dominio absoluto de los narcoterroristas, zonas todas cocaleras o de minería ilegal. Allá no hay víctimas porque estas hace años ya, fueron desplazadas.
Es un despropósito mayúsculo que en un país en quiebra, no solamente por efecto de la pandemia, sino por la brutalidad de tal Paro Nacional, que se encargó de destruir la esperanza de recuperación al arrasar con todo el entramado empresarial, en vez de acoger el proyecto de ley que cursa en el Congreso, con miras a la reducción de 122 onerosas curules, se esté pensando en sumarle 16 para que los hampones de las FARC, puedan, ahora sí, tener una buena “bancada”.
¿En qué lugar del mundo, ciudadanos comunes y corrientes, trabajadores, cumplidores de la ley, buenos elementos sociales, tienen que sostener con los impuestos que provienen del sudor de sus frentes, una caterva de criminales que impunemente están viviendo a cuerpo de rey, por obra y gracia de un acuerdo que fue rechazado en las urnas?
Publicado: agosto 14 de 2021
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