Muchos son los males que agobian nuestra débil y perfectible democracia, que socavan su estabilidad, que deshonran su dignidad y que minan la credibilidad ciudadana en sus instituciones. La corrupción encabeza la lista, y los estragos que produce, ensombrecen el camino y desalientan la esperanza.
La corrupción antes que ceder se acrecienta. Los entuertos en la contratación pública y privada aumentan; las componendas se apoltronan en las oficinas del estado y las empresas; las autoridades y los particulares se compran y se venden; la justicia actúa con pasmosa y reprochable lentitud; la impunidad prospera; y, todo, ante la mirada tolerante de una sociedad resignada y amistada con el facilismo, la influencia y la componenda, consecuencia, del rotundo fracaso de un sistema educativo, bueno para informar más no para formar ciudadanos íntegros. En Colombia, la crisis no es fiscal, es ética y moral y no es de ahora.
Es alarmante el aumento de las contravenciones y los delitos, y muy peligrosa la renuencia de muchos ciudadanos a acudir a la justicia por tener serias dudas sobre su eficacia. Esta apatía compromete la sostenibilidad de la sociedad, obstruye la gobernabilidad y aplaza la construcción de una paz verdadera, fundada en el respeto, el orden y el acato a la ley. Si bien el país ha estado acostumbrado a la inobservancia de la ley, su distanciamiento de ella, cada día es mayor.
La situación es extremadamente grave, y exige una reacción firme y vigorosa por parte del Estado. Al presidente Iván Duque aún le queda tiempo y de seguro energía para emprender una cruzada contundente y sin antecedentes contra la corrupción. Si algo ha hecho por combatirla, su esfuerzo ha sido insuficiente o al menos, muy inferior a la inventiva y perversidad de muchos colombianos que han hecho de la corrupción su forma de vida.
Lo ocurrido con el remedo de contrato celebrado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con la llamada “Unión Temporal Centros Poblados” por más de 1 Billón de Pesos, con un anticipo de 70 Mil Millones ya desembolsados y consignados en cuentas bancarias en los Estados Unidos, y con el que se buscaba dar conectividad a cerca de 7.000 lugares distantes de la geografía nacional, es evidencia cierta de la corrupción campante y tan hondamente enquistada en la sociedad colombiana y en la mente de muchos colombianos.
El presidente Duque debería convocar a los medios de comunicación, los gremios, los empresarios, los sindicatos, los trabajadores, la academia, las universidades, los estamentos del Estado y a la nación entera, para que apoyen y se sumen a una cruzada nacional sin antecedentes contra la corrupción.
Pero prevenir, asediar, extirpar y castigar ejemplarmente la corrupción, exige la participación de una administración de justicia ágil y eficaz, pues de no ser así, cualquier esfuerzo resulta en vano y la corrupción y la impunidad aumentan.
A pesar de que son pocos los delitos que se denuncian en Colombia, la capacidad del sistema judicial está desbordada, en parte, porque el sector financiero copa la mitad de ella, y, además, porque son muchos los jueces que no cumplen sus obligaciones y de manera desvergonzada dilatan asumir sus responsabilidades valiéndose de toda clase de pretextos y artimañas.
El Congreso de la República debería desistir de tramitar más leyes inocuas, sectoriales e inútiles, que solo hacen más profuso y complejo el entramado legal, y en cambio, debería hacer más exigibles las vigentes, buscando su debido y oportuno cumplimiento por parte de los ciudadanos y en especial, de la administración de justicia.
Es repudiable, que muchos jueces y magistrados se estén valiendo de la contingencia sanitaria que afrontamos para desatender aún más sus obligaciones y responsabilidades, a pesar de las normas expedidas sobre el empleo de la virtualidad en los procesos judiciales, lo que se suponía que ayudaría a evitar congestión y hacinamiento en los despachos judiciales.
Si la educación formativa es el fundamento de la civilidad, la justicia es el garante de su permanencia. Es utópico pensar en progreso y bienestar, sin educación y justicia. Nada más esencial para una sociedad que universalizar su educación y fortalecer su justicia.
Vivificar la democracia supone la existencia de una justicia eficiente, eficaz y económica, carente de discriminación y administrada por ciudadanos eméritos poseedores de virtud, ciencia y sabiduría. Pero no; en Colombia la realidad es otra, la justicia antes que contribuir a fortalecer la democracia y resolver los problemas, en muchas ocasiones, la debilitan y los agrava.
Nada justifica que en una nación civilizada se suspenda el servicio público de administrar justicia o que su servicio sea lento y negligente como en la actualidad sucede en Colombia. Mal procede la rama judicial, cuando deja a la nación huérfana de justicia, y peor aún, cuando su desidia hace de ella una fuente de frustración e impunidad.
El presidente Iván Duque debe sumar a sus empeños, la declaratoria de guerra frontal contra la corrupción y la ejecución de una denodada política de apoyo a la justicia. Por su parte los educadores deben reflexionar sobre la eficacia de su papel como formadores de ciudadanos, pues de no cambiar la educación, en Colombia nunca acabaremos la corrupción y se seguirán suscribiendo contratos como el celebrado por el MinTic con la pomposa “Unión Temporal Centros Poblados”, que tiene comprometidos cerca de 70.000 Millones de Pesos de los colombianos.
Ojalá que este grave hecho no concluya como terminaron las investigaciones de la fraudulenta reelección de Juan Manuel Santos y los negociados de su campaña con Odebrecht.
La crisis de Colombia no es fiscal, es ética y moral y no es de ahora.
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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