El gobierno colombiano, cuyo ministro de Defensa irresponsablemente se apresuró a prejuzgar a los militares retirados que estaban en Haití y cuyos nombres aparecen mencionados en la investigación por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, tiene que poner toda la atención y hacer todos los esfuerzos posibles para proteger la vida de los connacionales.
Las informaciones son confusas y muchas de ellas contradictorias. No hay certeza de que aquellos militares, que en principio fueron contratados para brindarle seguridad al presidente haitiano, hayan participado en el magnicidio. La hipótesis tiene muchos vacíos y las versiones son bastante inverosímiles.
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Ha trascendido que uno de los supuestos mercenarios colombianos confesó su participación en el crimen, tal y como reveló la revista Semana, pero al mismo tiempo el FBI anunció que las confesiones que están apareciendo no son ni libres ni espontáneas.
Todo lo contrario. De acuerdo con la principal oficina federal de investigaciones de los Estados Unidos, las fuerzas de seguridad haitianas, que no son propiamente unas campeonas en respeto por los derechos humanos, están obteniendo dichas declaraciones a punta de torturas y tratos degradantes contra los colombianos capturados.
Según el FBI, el presidente de Haití murió casi una hora antes de la llegada de los exmilitares colombianos a su residencia. Entonces, la pregunta es ¿quién perpetró el crimen? Todo apunta a las propias fuerzas armadas de ese miserable país, donde pulula la corrupción y la democracia es rey de burlas.
Lo cierto es que mientras se dilucida el crimen, el Estado colombiano tiene el deber absoluto de velar por la vida e integridad de los implicados y, si es del caso, exigir que el consejo de seguridad de la ONU intervenga para hacer valer la convención contra la tortura y evitar lo que muchos advierten: una masacre.
Para los verdaderos responsables de lo ocurrido con el presidente Moïse, resulta trascendental borrar cualquier pista y para ello están, como lo advierte el FBI, sacando “confesiones” a través de la aplicación de medidas brutales.
Ante esa situación, Colombia no puede cruzarse de brazos mientras una docena de compatriotas sufren los peores vejámenes, porque al margen de su culpabilidad o inocencia, los derechos humanos de esas personas deben ser protegidos.
Publicado: julio 16 de 2021
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