A través de un extenso documento, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo respondió al polémico informe que hace unos días emitió la cuestionada comisión interamericana de los derechos humanos, CIDH.
En criterio de Camargo, es fundamental hacer precisiones y claridades respecto del sesgado documento que surgió luego de la inoportuna invitación que la nueva canciller le hizo a la CIDH, en plena revuelta causada por las hordas socialcomunistas comandadas por Gustavo Petro.
Camargo empieza por decirle a la comisión que “es nuestro deber resaltar el hecho de que Colombia se destaca por su fuerte institucionalidad, sus sistema de justicia y su capacidad para atender autónoma, diligente y adecuadamente los asuntos de derechos humanos”.
Igualmente, la Defensoría cuestionó a la CIDH por aspectos que fueron desatendidos y que no estuvieron incluidos en el informe, lo cual le resta legitimidad y seriedad al mismo. En primera medida, se reclama que “en el capítulo sobre violencia a misiones médicas no se haya hecho referencia a que la mayoría de dichas afectaciones han provenido de bloqueos permanentes y actos de violencia por parte de infiltrados en las manifestaciones, concentrándose únicamente en las acciones de la fuerza pública”.
Resulta increíble que la CIDH haya pasado de largo frente a situaciones inadmisibles como los bloqueos a ambulancias, hechos que han cobrado la vida de ciudadanos. Ni una línea escribió la comisión sobre la tragedia que padeció una madre en trabajo de parto cuya ambulancia fue bloqueada por la denominada ‘Primera Línea’. La criatura murió.
Otra crítica que le hizo el Defensor del Pueblo al informe tiene que ver con que la CIDH haya desconocido dolosamente la diferencia conceptual entre personas sin ubicar y personas desaparecidas: “Esta omisión desconoce también la importancia que tiene el ‘mecanismo de búsqueda urgente de personas’ como el inicio de una investigación activa y rápida para encontrar a esas personas, y para evitar la materialización efectiva de un delito de desaparición. La diferencia en las cifras, lejos de constituir una inconsistencia es básicamente el reflejo de conceptualizaciones metodológicas claramente sustentadas y mucho más precisas”.
La falta de objetividad y ponderación en el informe de la CODH son evidentes. Más que una recomendación y una lectura desapasionada de la situación nacional, ese documento tiene todos los visos de ser un pasquín ideológico con fines políticos donde se absuelve de plano a los criminales y se condena sumariamente al Estado.
Respecto de los bloqueos, el Defensor aseguró que “resalta que esta oportunidad tampoco haya sido aprovechada por la Comisión Interamericana para definir unos criterios claros, objetivos y verificables respecto de cuáles cierres viales o bloqueos pueden ser objeto de restricciones y prohibiciones por parte de los Estados y cuáles, en cambio, están cobijados por el derecho a la manifestación, respetando y sujetándose a lo contenido por nuestra Constitución”.
Y para sustentar su argumentación, Camargo puntualizó: “Pese a que la Comisión recibió amplia información sobre las graves vulneraciones de derechos que fueron consecuencia de estos bloqueos, su análisis es ambiguo en las observaciones y recomendaciones en ese punto. Por citar un ejemplo, se elude el hecho de que dos niños perdieron sus vidas mientras las ambulancias en las que eran trasladados fueron detenidas y vandalizadas”.
Es meritorio que la Defensoría del Pueblo, que ha hecho una labor encomiable durante el paro criminal y que ha desplegado funcionarios por todo el país con el fin de garantizar la vida de los manifestantes pacíficos y de los ciudadanos de bien que han sufrido las consecuencias de estructuras armadas ilegales como la banda ‘Primera Línea’, responda con contundencia al malhadado informe de la CIDH. Si hay una entidad con autoridad moral para hacerlo, esa es la Defensoría.
Publicado: julio 13 de 2021
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