Colombia necesita derrotar al sindicato electorero de Fecode e implementar el modelo de colegios por concesión a nivel nacional. La educación pública no puede seguir capturada por un conjunto de políticos frustrados que le temen a la evaluación por competencias y privan a millones de estudiantes de la posibilidad de recibir una formación de mayor calidad.
Actualmente en el País hay 12.761 colegios que forman a 10.2 millones de estudiantes. De estos, 8.3 millones atienden a instituciones públicas y 1.9 millones a planteles privados. Aunque en teoría la educación oficial debería brindarles a los alumnos unas bases conceptuales equiparables a los estamentos particulares, lo cierto es que la brecha de calidad entre lo público y lo privado es monumental.
Por ejemplo, de acuerdo a las pruebas Saber 11 de 2020 solo hay un colegio público, en el puesto 34, dentro de los mejores 50 del País. Además, únicamente cuatro instituciones oficiales llegaron al top 100 y de los 1000 planteles con mejor desempeño en los exámenes, tan solo 101 son estatales, de los cuales el 68% se concentran en las posiciones 600 en adelante.
Es decir, la calidad de la educación que brindan los maestros oficiales, mayoritariamente agrupados en Fecode, es nefasta. No en vano Colombia siempre pasa la vergüenza de ser el País peor calificado en las pruebas Pisa y la formación pública, lejos de cerrar las desigualdades sociales, termina ampliándolas al ser incapaz de acercarse a los estándares que manejan los planteles privados.
Mientras tanto, la prioridad de Fecode es organizar bloqueos y manifestaciones para presionar políticamente al Gobierno en vez de mejorar el desempeño de sus asociados. De hecho, es tanto el pánico de este sindicato por ser calificados que en 2014 lograron que el Gobierno Santos eliminara la evaluación por competencias que había establecido el Estatuto Docente de 2002. Una medición que en 12 años solamente había logrado aprobar el 20% de los educadores y que demostraba las falencias estructurales que registraba este personal.
Por eso, es normal que este directorio politiquero se manifieste en contra de cualquier medida que pretenda implementar estándares internacionales de evaluación en Colombia, con lo cual, bajo un acomplejado discurso nacionalista, Fecode impide que 8.3 millones de estudiantes de todas las regiones tengan acceso a una formación de mejor calidad que los prepare para los retos del mundo profesional.
Dicho esto, es claro que el sistema educativo en el País requiere un revolcón. Una opción interesante que se ha planteado es que el Estado les entregue a los padres de familia un bono para que matriculen a sus hijos en colegios privados. Sin embargo, esta especie de “ser pilo paga” quedaría a merced de los cambios de administración y no generaría una solución a largo plazo.
Por el contrario, lo que sí es viable es implementar a nivel nacional el mecanismo de colegios por concesión. Un modelo creado durante la primera Alcaldía de Enrique Peñalosa que le entrega a entidades privadas la administración de los planteles públicos, lo que ha dado excelentes resultados en Bogotá.
Tan es así, que en estos 20 años de operación los colegios concesionados han obtenido mejores resultados en las pruebas Saber 11, cuentan con jornada única, el costo por estudiante es menor que en los colegios oficiales, las tasas de deserción son más bajas que el promedio nacional y se registran menos casos de embarazo adolescente. Un escenario soñado que, inclusive, no fue tocado por los Gobiernos de izquierda en Bogotá y que debe ser el punto de partida de la gran reforma educativa que requiere el País, centrada en la calidad y alejada de las mezquinas aspiraciones políticas de un grupo de sindicalistas mal preparados que solamente se dedican a infundir odios y resentimientos en sus estudiantes.
Publicado: junio 16 de 2021
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