La justicia hace todos los méritos para granjearse el desprecio y el repudio de los ciudadanos. Además de los vulgares casos de corrupción en los que aparecen vinculados poderosos magistrados e integrantes de pasadas fiscalías, están los escándalos desatados por las decisiones cargadas de valoraciones políticas, como ocurrió con el expresidente Álvaro Uribe quien fue privado de la libertad -secuestrado- por orden de una sala de instrucción integrada fundamentalmente por sujetos corruptos, como es el caso de Cesar Augusto Reyes Medina, un vulgar contratista del gobierno de Juan Manuel Santos convertido en magistrado gracias a componendas y cruces de favores.
El país está sometido a la peor oleada de violencia y terrorismo de los últimos años, con ocasión del paro criminal liderado por Gustavo Petro. Miles de delincuentes, financiados e instigados por el segundo del petrismo, el senador Gustavo Bolívar, han aterrorizado a la población a través de incendios, saqueos, bloqueos y atentados mortales contra civiles y miembros de la Fuerza Pública.
Hace unos días, en la ciudad de Cali, la policía capturó a un grupo de bandidos que tenía en su poder elementos para la fabricación de bombas incendiarias.
Así mismo, los delincuentes portaban pólvora y armas traumáticas. Es evidente que dichos elementos no iban a ser utilizados para amenizar una fiesta infantil.
La sana lógica permite concluir que esos delincuentes, indiscutiblemente peligrosos para la sociedad, deben ser privados de la libertad, sobre todo en estos momentos de zozobra y violencia que se vive en la capital vallecaucana, donde el hampa hace de las suyas ante la mirada cómplice del alcalde Jorge Iván Ospina y la incapacidad del gobierno nacional para cumplir con su deber constitucional de garantizar la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos.
Insospechadamente, un juez de garantías concluyó que no, que esos elementos, que a la luz de cualquier observador son peligrosísimos y pueden causar daños irreparables o la propia muerte a seres humanos, no son en absoluto riesgosos ni sirven como prueba en contra de los cafres que los poseían.
Por tal razón, el flamante juez ordenó la liberación inmediata de los capturados no sin antes hacerle -aunque suene increíble- un llamado de atención a la fiscalía.
Más peligrosos que los terroristas, es el juez que dispuso su liberación. Es motivo de angustia que un administrador de justicia sea tan irresponsable de permitir que las 7 personas involucradas -que en el momento de su captura cubrían sus rostros con pasamontañas- regresen a la calle para que retomen sus actividades al margen de la ley.
Es válido inquirir si en criterio de ese burdo juez, las actividades de terrorismo hacen parte del “libre desarrollo de la personalidad”.
La situación es insostenible. En esas condiciones, pierden su tiempo la fiscalía y las fuerzas del orden procurando la captura de los antisociales. Ellos -fiscales y policías- en vano se juegan la vida persiguiendo a quienes se ponen al margen de la ley. De nada sirven sus admirables esfuerzos, si los jueces, que parecen miembros de la brutal “primera línea”, grupo ilegal comandando por Gustavo Bolívar, se apresuran a retornarlos a la libertad.
Una de las principales asignaturas que Colombia tiene pendiente es el de la reforma a fondo de la justicia. Es un clamor ciudadano sistemáticamente desoído por los políticos y por los gobernantes. El presidente Duque prometió hacerla y, hasta ahora, ha incumplido. Este no es un asunto cosmético ni burocrático. Tampoco de ajustar requisitos aquí y allá, sino de depurar a una rama del poder.
Publicado: junio 18 de 2021
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