La rama judicial colombiana goza de todo el descrédito posible. Pero entre la podredumbre de la justicia de ese país, existe una célula aun mas cuestionable por su nivel de descomposición moral: la sala de instrucción de la corte suprema de justicia, instancia creada a las volandas para garantizar el supuesto debido proceso de las personas que gozan de fuero constitucional.
Esa sala, hace las veces de fiscalía que tiene el deber de investigar, resolver situación jurídica y decidir si precluye la investigación o si acusa ante la sala de primera instancia, otro engendro que hace parte de la corte suprema.
5 personas, cuatro hombres y una mujer, hacen parte de esa sala de instrucción. Ninguno de sus integrantes es un jurista reconocido. Son hábiles negociantes políticos que han hecho carrera a través de las intrigas, las componendas y el cruce de favores. Algunos de ellos, son recomendados del nefasto ‘Cartel de la Toga’.
Hace más de dos años, la sala de instrucción tenía en sus manos el caso denominado ‘Petrovideo’. No viene al caso recordar los detalles de las vulgares imágenes en las que el cabecilla de la ‘Colombia Humana’ y jefe del socialcomunismo criollo Gustavo Petro aparecía embelesado besando fajos de dinero mientras los empacaba en una bolsa de plástico. El video, grabado por un testaferro suyo -que hoy se encuentra en condición de prófugo de la justicia- es un verdadero escándalo.
Desde el principio se supo que la justicia no haría nada en contra de Petro. Al final del día los magistrados son sus compinches, sus socios políticos, sus camaradas ideológicos.
La investigación le fue asignada al magistrado Cesar Augusto Reyes, amigo íntimo de la esposa de Iván Cepeda, perseguidor del expresidente Uribe y contratista de Juan Manuel Santos.
Reyes, que es una vergüenza para la administración de justicia, hizo el favor de mantener engavetada la actuación, mientras bajaba el nivel del escándalo.
Como es natural, no ordenó pruebas, ni cotejos. Su misión consistía en esperar y así garantizar la impunidad de Petro.
Después, el expediente le fue remitido a un sujeto aún más tramposo y politiquero: Misael Fernando Rodríguez Castellanos. La carrera de ese personaje se desarrolló particularmente en la fiscalía general de la nación, donde muchos de quienes fueron sus colegas recuerdan con ingratitud sus prácticas ‘non sanctas’.
No puede perderse de perspectiva que el verdadero ‘cartel de la toga’ delinque en el seno de la fiscalía.
La sala de instrucción, despreciable y vulgar, tarde en la noche de un viernes emitió el comunicado que parece haber sido escrito al alimón con los encargados de las comunicaciones de Petro. Ningún hecho reprochable. Nada que cuestionarle al jefe socialcomunista. En criterio de los magistrados, su proceder fue transparente. Ninguna sospecha despertó en esas lumbreras del derecho el contenido de las imágenes. Para esos vulgares magistrados -que seguramente han hecho lo mismo desde que hacen parte de la rama judicial- empacar fajos de billetes en bolsas de plástico es algo natural.
Lo cierto es que ese video es imborrable. Petro es un hampón y mientras continúe en la vida pública habrá que desempolvar esas imágenes que son fiel reflejo de su condición de criminal al que le gusta moverse en las sombras y a quien sus interlocutores -que indudablemente saben que se trata de un individuo peligroso- tienen que grabar clandestinamente mientras le entregan dinero de dudosa procedencia.
Publicado: junio 8 de 2021
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