El fin esencial de los Estados, enseña Hobbes, es el de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. A mediados del siglo XVII, el filósofo británico publicó su monumental obra ‘Leviatán’, libro que en criterio de muchos teóricos, es el fundamento de la teoría del Estado. La seguridad, entonces, es la que garantiza la conservación de la especie humana. Y, agrega Hobbes, ésta, la seguridad, es el presupuesto natural para la vida en armonía.
Sin ley ni temor al castigo, el caos y el desorden hacen de las suyas. Eso es lo que está sucediendo en Colombia.
Con frustración, resurgen noticias de hechos que parecían superados. Hace cerca de 20 años Colombia recorrió el sendero de la recuperación de la seguridad. El país, que estaba sitiado por las guerrillas, paramilitares y delincuentes comunes, empezó a recuperar la libertad.
La sociedad estaba acostumbrada a leer titulares de prensa que daban cuenta de la toma terrorista de pueblos, la voladura de puentes, oleoductos, carreteras. En fin. Era una nación sofocada por el hampa organizada.
Las Farc hacían lo que les daba en gana. Gobernaban con total impunidad y con la mirada cómplice de la tan cacareada “comunidad internacional” más de 40 mil kilómetros cuadrados del país. Era tierra donde los terroristas ejercían plena soberanía. Establecieron campos de concentración que llenaron de civiles y miembros de la Fuerza Pública secuestrados. Los empresarios -de todos los tamaños y condiciones- eran llamados por los “camaradas” para que rindieran cuentas y pagaran las extorsiones que estaban “regladas” por medio de la infame “ley 002”, emitida por el cruel secretariado de la banda terrorista convertida en partido político, fina atención del estafador Juan Manuel Santos. La “norma” obligaba a todos los colombianos o empresas con un patrimonio igual o superior al millón de dólares a entregar un porcentaje del mismo a los criminales.
Las Farc, expertas en asustar y amedrentar, incluyeron un inciso que decía que “un segundo llamado aumentará el monto del tributo”. Y, cómo no, los que no pagaran “serán retenidos y su liberación dependerá del pago que se determine”.
Esa era la Colombia espantosa, inviable, fallida y totalmente entregada. No había ni ganas ni liderazgo para enfrentar a los bandidos que, sin mayores dificultades, montaban retenes en las carreteras, secuestrando a quienes se les cruzara por el frente y matando a cuantos inocentes se les ocurriera.
La verdad sea dicha, Álvaro Uribe no hizo nada excepcional. Se limitó a cumplir un deber obviado por sus antecesores: aplicar lo ordenado por la Constitución y la ley.
Dice la Carta que el presidente de la República está obligado a “garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Aquella es la primera obligación que tiene el jefe de Estado quien, además dirige la Fuerza Pública.
El diálogo con los delincuentes no es una obligación. De hecho, es una excepción. La obligación consiste en enfrentarlos, combatirlos, reducirlos, llevarlos a la cárcel.
Colombia hoy está volviendo al pasado. La extrema izquierda, con un discurso donde abundan los fárragos, enloquecida, apoyada por una cuadrilla de acosadores y de matones virtuales, se ha encargado de estimular el odio que se ha traducido en violencia.
Hace dos décadas, los bandidos se llamaban Farc, ELN o AUC. Hoy, llevan otras denominaciones como ‘primera línea’ o ‘indignados’.
Lo cierto es que hay un clamor generalizado para que el presidente de la República haga lo que le corresponda para que Colombia no caiga por el abismo del que emergió durante el gobierno del presidente Uribe.
¡Autoridad señor presidente! Haga sentir su voz. Devuélvales la confianza y la tranquilidad a los colombianos. Las marchas del pasado fin de semana, en las que participaron cientos de miles de personas, son la demostración de que la mayoría ciudadana no acepta ni tolera la violencia desatada por las bandas comandadas por Petro.
Está en juego la democracia y la libertad de un pueblo que no se ha rendido ante las amenazas terroristas. Hizo mal el nuevo comisionado de paz, una persona sin trayectoria ni experiencia en esas lides, al estrenarse elaborando documentos irresponsables e irreflexivos como el que suscribió hace unos días con los promotores de los bloqueos en la vía que conduce al puerto de Buenaventura. Los representantes del Estado no pueden ponerse de rodillas ante unos facinerosos que, como está probado, son agentes pagados con dineros de la mafia.
El Estado tiene todo a su disposición para superar esta crisis sin claudicar ni renunciar a ese deber claramente esbozado por Hobbes hace casi 4 siglos: la garantía plena de la seguridad para todos los ciudadanos.
Publicado: junio 3 de 2021
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