Dice el exalcalde de Cali Maurice Armitage, que por primera vez ha visto angustiadas a las gentes de estratos 5 y 6, y que eso es bueno porque ayudará a que el país «mejore» al interesarse las clases altas en los menos favorecidos. Sin embargo, la inestabilidad que genera el miedo, no opera así, al contrario. Esta sublevación llevará a los pudientes, a los emprendedores, a despedir trabajadores, cerrar empresas, sacar capitales y huir con sus familias.
A estas alturas, ya deben ser muchos los que están preparando el éxodo, como ocurrió a finales de los noventa, cuando todos en Colombia se querían ir por culpa del terrorismo de las Farc. Lo propio ocurrió en Venezuela tras el ascenso de Chávez al poder, cuando, en la primera ola migratoria, se marcharon las personas más preparadas con sus capitales grandes o pequeños, que les sirvieron para hacer nuevas y exitosas vidas en Panamá, Miami o Madrid. Y esas gentes solo vuelven, si se arreglan las cosas, dos o tres décadas después.
Es que hay asuntos que espantan la inversión y otros, que la tranquilizan. Uno de esos últimos fue la Minga en Medellín, que despertó pánico al anunciarse, pero que hoy es ejemplo del honor de los pueblos indígenas de Antioquia. Los mingueros llegaron el lunes 17 en la noche (hace una semana) y en la mañana del viernes 21 ya se habían ido, felices por haber firmado acuerdos con la Gobernación, a favor de sus comunidades, en materia de educación, salud y trabajo, entre otros aspectos.
Y ¿en qué se diferencian estas comunidades antioqueñas de los indígenas del Cauca que sembraron el terror en Cali? Muy fácil, en que estos andan en buses porque no tienen camionetas de mafioso, compradas con recursos del narcotráfico, y tampoco poseen camionetas oficiales sonsacadas al Estado en razón a su activismo político. En que son respetuosos de la propiedad privada, y su Guardia Indígena no se cree con el derecho de ejercer su jurisdicción y sus atribuciones por fuera de su territorio.
También, en que no comulgan con esa ambigua noción de ‘protestas pacíficas’ en el marco de graves desmanes y perturbaciones del orden público. Como dice Emilio Sardi, «Una marcha es pacífica si inicia pacíficamente, discurre pacíficamente y termina pacíficamente. Si en cualquiera de sus momentos hay violencia, es violenta». Así, el día martes 18 de mayo participaron en una marcha hasta que empezó el vandalismo, por lo que cancelaron su presencia en calle el resto de la semana. Y como no tienen proyecto político ni criminal, presentaron un pliego de peticiones —ese sí— razonable, y se abstuvieron de urdir nuevas demandas para entorpecer la negociación. Como si fuera poco, el coliseo en el que se alojaron quedó impecable cuando se marcharon, saliendo por la puerta grande, que quedó abierta para cuando quieran volver, si es que queda país.
Entre tanto, las hordas de izquierda que responden a Petro, Santos, Maduro, el ELN, las Farc y el Foro de Sao Paulo, entre otras cavernas, le plantearon una serie de requerimientos al gobierno de Duque que demuestran su nulo interés de negociar. Es más, su grosero pedido implica, en la práctica, la rendición y capitulación del Estado de Derecho frente a fuerzas que quieren imponer su visión sin haber obtenido el beneplácito en las urnas, fuerzas que representan a una ínfima minoría que no llega al 1% de los colombianos (500.000 personas, a lo sumo), y que están decididas a derrocar el sistema democrático de nuestro país y cambiarlo por una dictadura comunista.
Es así que, tras casi un mes de un paro violento, esta arremetida criminal se mantiene en pie gracias a la estrategia de los bloqueos y las barricadas, que ya tienen paralizada —y al borde de la quiebra— la economía de vastas regiones del país y sitiadas por hambre a ciudades enteras ante la pasividad de un gobierno timorato, apocado y cobarde que viola la Constitución y la ley al no restablecer el orden como aquellas se lo exigen y como la ciudadanía lo clama, porque el supuesto derecho a la protesta de un puñado de criminales no está por encima de los derechos de la inmensa mayoría, profanados y transgredidos con sevicia en esta insurrección.
Hasta José Miguel Vivanco, tan afecto como es a las causas de izquierda, reconoció que los bloqueos «cuando son prolongados y generan perturbación grave y sostenida, y pueden afectar el abastecimiento de la ciudad, tampoco hacen parte de la protesta pacífica”, y señaló de manera concreta que «La policía tiene la facultad e incluso el deber de dispersar, con la menor fuerza posible, bloqueos que generen perturbaciones graves y desabastecimiento». Precisó que “El Estado debe y puede disolver esos bloqueos y restablecer el orden público; el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sido claro al respecto”.
Y ¿cuánto es el mínimo de fuerza posible? El que exijan las circunstancias. En Cali, anoche, atacaron una estación de Policía a punta de fusil: no son ‘manifestantes’, es la guerrilla metida en la ciudad. En Buenaventura, el vicealmirante Juan Francisco Herrera, Director General Marítimo, aumentó el nivel de seguridad del puerto para evitar que la turba saqueara material peligroso de las bodegas y fue despedido de la Armada por cumplir con su deber. Mientras tanto, ni las misiones médicas son respetadas: «Parece que hay muertes que no importan», denunció el Ministro de Salud con respecto a las muertes ocasionadas por culpa del bloqueo de vías, incluyendo las de varios bebés. Y la Jefe de Comunicaciones del criminal Gustavo Petro replicó, en referencia a un menor fallecido en una ambulancia por un bloqueo, que «El bebé habría muerto igual» Como quien dice, ¿qué importa matar a todos los colombianos si a la larga todos estarán muertos?
Señor Presidente Iván Duque Márquez: El artículo 189 de la Constitución Política de 1991 lo obliga a «Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere perturbado». Usted, por exceso de prudencia, negligencia o desidia, no puede entregar al país. Cumpla con su deber, no se le pide más.
Publicado: mayo 25 de 2021
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