Una jugada sucia y tramposa. Petro y los suyos se están encargando de vender la tesis mentirosa de que en Colombia la población civil está siendo atacada por las Fuerzas del Orden. Para sustentar semejante falacia, distribuyen en redes sociales videos editados y testimonios prefabricados que parecen sacados de los libros de baja factura que escribe Gustavo Bolívar.
Los hechos de Cali son realmente alarmantes. Los integrantes de la denominada Minga se lanzaron a las calles de Cali con el propósito de amedrentar y -en casos que están perfectamente documentados y probados- disparar contra los habitantes de esa ciudad.
Los aborígenes tomaron por asalto a cientos de casas particulares. Con frustración, hay que señalar que la Policía y el Ejército no reaccionaron a tiempo y permitieron que los bandoleros indígenas hicieran de las suyas.
Los hechos que desde hace cerca de dos semanas vive el país ponen sobre la mesa, una vez más, las graves falencias que tienen los servicios de inteligencia colombianos. ¿Cómo es posible que la tercera ciudad de Colombia esté perfectamente sitiada? El derecho a la locomoción es sagrado y cientos de miles de caleños literalmente están encerrados en sus casas, embargados por el pánico, sin una fuerza pública con la capacidad de garantizarles vida, honra y bienes.
Si de hablar de justicia social se trata, hay que empezar por reconocer que una minoría étnica que no supera al 2% del total de la población nacional, procede sin dios ni ley.
Los indígenas pisotean impunemente los derechos de las mayorías ciudadanas, violan la propiedad privada de personas de bien, amedrentan ancianos, mujeres y niños, sin que las autoridades hagan lo suficiente para impedirlo.
La figura de la autonomía indígena fue pensada e incorporada con el propósito de proteger las costumbres de las comunidades autóctonas, no como un manto que las cubra con impunidad. Valga recordar que la jurisdicción de la denominada guardia indígena no puede trascender los límites de los resguardos. Así que los vándalos que aterrorizan distintos barrios residenciales caleños, no tienen escapatoria ninguna: deben ser capturados y llevados ante los jueces de la República.
Si hay un sector de Colombia que está lleno de privilegios, es el de los indígenas: no pagan impuestos, no tienen que prestar servicio militar obligatorio, tienen su propio sistema judicial -que, como es de suponer, les encubre todas sus fechorías-, tienen derecho a la autogestión y, como se ha logrado evidenciar, controlan miles de hectáreas de cultivos ilícitos, según ellos por razones “culturales”.
Como cualquier ciudadano, un indígena tiene derecho a protestar. Si quiere, debe hacerlo con respeto a las normas. Así que la Minga bien podría reunirse en algún potrero, o en un coliseo. Pero mientras insistan en la violencia y el delito, tendrán que recibir el merecido castigo y la justa reacción de la Fuerza Pública.
Esta no es una discusión entre quiénes son buenos y quiénes son malos. El debate es otro: la democracia colombiana está siendo amenazada por sectores violentos, debidamente financiados por el narcotráfico, respaldados por la dictadura venezolana y liderados por el terrorismo doméstico que comandan Gustavo Petro y sus conmilitones de la peligrosa banda denominada ‘Colombia Humana’.
Publicado: mayo 11 de 2021
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