En el seno de las Fuerzas Militares y de Policía existe una máxima: las órdenes se cumplen o la milicia se acaba.
En organizaciones verticales como las que hacen parte de la Fuerza Pública, el cumplimiento de las órdenes es esencial. En el caso concreto, el presidente de la República que es Jefe de Gobierno y Jefe de Estado, tiene las funciones de comandante supremo, lo que lo convierte en responsable máximo de la seguridad de la República y de todos sus connacionales.
Los comandantes de las unidades militares y de policía desplegados en los puntos de mayor amenaza por las hordas de vándalos adscritos a la pandilla comandada por el senador socialcomunista Gustavo Petro, tienen el deber de cumplir la orden que les fue impartida por el presidente de la República en el sentido de que las carreteras del país deben ser desbloqueadas en el término de la distancia.
Sin demora, con respeto absoluto por los derechos humanos, pero con la contundencia que amerita las circunstancias, debe procederse a liberar al país del sitio criminal al que está siendo sometido por unos pocos antisociales.
Como bien expresó el presidente Duque en su alocución: “Hemos visto que detrás de estos bloqueos hay interés criminal de sabotear y afectar a la economía y el desarrollo social de muchísimas poblaciones. Esa conducta se rechaza categóricamente. Hemos dado instrucciones a todos los niveles de Fuerza Pública para que en los territorios de Colombia, con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operacional (…) le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar”.
Los criminales continúan poniendo en jaque a la nación. La cuantificación de los bloqueos es espeluznante. De acuerdo con los cálculos, la parálisis le ha costado más de $10.2 billones de pesos al comercio, al agro y, como es natural, a los transportadores.
Es importante que lea Presidente Duque, ¡Hágase respetar!
Que llegue la hora definitiva a los delincuentes, a los facinerosos, a las gentes perversas que le apuestan el todo por el todo a la violencia y a la destrucción física y social del país.
En democracia, no son admisibles las demostraciones de violencia que se han registrado desde hace más de dos semanas. Petro y los suyos tienen a Colombia en llamas. Los pobres son los que llevan la peor parte de esta tragedia. El encarecimiento de productos, la parálisis en los servicios de transporte público y demás limitaciones son un ataque directo al bolsillo de la clase trabajadora.
El país hace votos para que los militares y policías cumplan la orden impartida por el presidente de la República. Millones de colombianos esperan que la normalidad vuelva rápidamente.
Publicado: mayo 18 de 2021
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